Manuel Fuentes - EFE
Coincidiendo con una nueva conmemoración del golpe de Estado de 1973, el pasado 11 de septiembre, la presidenta Michelle Bachelet anunció que sometería a discusión inmediata en el Parlamento una moción que busca levantar el secreto que pesa sobre los testimonios recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la llamada Comisión Valech I.
Y aunque después de que la Comisión de Derechos Humanos del Senado despachara la iniciativa el miércoles pasado y el Gobierno optara después por rebajar la urgencia de la iniciativa en el Congreso, lo cierto es que el debate sobre el resguardo del testimonio de las víctimas frente a la necesidad de conseguir verdad y justicia ya estaba instalado.
La Comisión Valech fue creada en 2004, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, mediante un decreto supremo con el fin de calificar a las víctimas que habían sufrido prisión política y tortura durante la dictadura.
El organismo estaba compuesto por personalidades como María Luisa Sepúlveda, quien estuvo durante años al frente de la Vicaría de la Solidaridad, y el obispo Sergio Valech, fallecido en 2010 y de quien la comisión tomó el nombre.
Fueron a declarar 35.000 personas, de cuyos testimonios se documentaron 29.000 casos. De esos, el 66 % corresponde al periodo entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de ese año.
En la comisión que le siguió, la Valech II, de los más de 30.000 casos sólo se recogieron 9.000.
La presidenta Michelle Bachelet sabe que no hay pactos de silencio con los militares, argumenta el exmandatario Ricardo Lagos, porque ella era ministra de Defensa entonces y participó en las discusiones sobre cómo debía hacerse.
Cuando se elaboró el informe Rettig, en 1990, a cargo del jurista y político Raúl Rettig, los militares reaccionaron diciendo que lo que había en él era mentira. Es por eso que Lagos se preocupó de que para el informe Valech los militares estuvieran preparados ante lo que se avecinaba.
La ley 19.992 pone los detalles de la tortura a disposición de la voluntad de quienes la padecieron, que son en último término quienes pueden decidir entregarlos a un tercero o a la Justicia.
No es pues una imposición de silencio, sino una regla de privacidad que contienen la ley, defiende el expresidente Lagos (2000-2006).
En efecto, el artículo 5 de la ley 19.992 establecía que “todas las actuaciones que realice la comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados para todos los efectos legales”.
Lagos determinó que los antecedentes quedarían bajo reserva durante 50 años, una decisión que tomó tras conocer el testimonio de una víctima (una mujer que fue torturada y violada cuando tenía quince años).
Pero el diputado comunista Hugo Gutiérrez ha acusado al expresidente de “dar impunidad a los violadores de los derechos humanos” al establecer en 2004 cincuenta años de secreto sobre los antecedentes que recabó la comisión durante su mandato.
Hay quien, como este parlamentario, sostiene que el secreto que ampara las declaraciones que se recibieron para elaborar ese informe en la práctica constituye un pacto de silencio que garantiza impunidad a los torturadores.
“No he sido parte de ningún pacto de silencio. Lo que hice fue para que las nuevas generaciones supieran la brutalidad que vivimos”, replicó Lagos esta semana.
Levantar la reserva ha sido una demanda histórica de las organizaciones de derechos humanos, las cuales sostienen que en la práctica el secreto sobre los datos ha impedido que la Justicia pueda acceder a los testimonios, que son custodiados por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH).
El director de este organismo, Branislav Marelic, reconoce que “el secreto por 50 años que actualmente rige constituye un obstáculo para la labor de la Justicia”.
De hecho, el INDH ha debido negarse a la entrega de antecedentes de la Comisión Valech solicitados por los tribunales, una restricción que no se aplica en cambio a los testimonios recopilados por la Comisión Valech II y Rettig.
Ante esta situación, la Contraloría de la República determinó que para levantar el secreto sobre los antecedentes se requería de un trámite legislativo.
Un aspecto que está por determinar es si para que los tribunales accedan a esta información se requiere del consentimiento expreso de los sobrevivientes.
Algunos plantean que la garantía que se les dio a las víctimas en el momento de declarar fue la reserva de sus testimonios, pero las organizaciones de derechos humanos cuestionan este punto de vista.
En todo caso, el proyecto que impulsa el Gobierno se tramita con una indicación que obliga a los tribunales a resguardar la identidad de las personas en caso de acceder a sus testimonios.
