El acto se realizó en el asentamiento Virgen del Camino -Núcleo 3, de Concepción.
“El signo del Indert ahora es la celeridad, aunque a muchos no les guste”, afirmó Gail González, cuya gestión está bajo la lupa luego de adjudicar 8.000 ha. a dos jóvenes hermanas que tienen vinculación con una persona investigada por drogas.
Durante el acto oficial y en presencia del jefe de Estado, la titular del Indert se jactó de que está cumpliendo con la orden del presidente para otorgar los títulos de propiedad a las familias campesinas de varias colonias.
González y el presidente de la República habilitaron un sistema de agua potable.
En el discurso, la mujer afirmó que iniciaron el proceso sin realizar transferencia directa a través de fundaciones como hacía anteriormente.
EL CASO. El Indert adjudicó en tiempo récord los lotes ubicados en la colonia Mayor Pablo Lagerenza, del distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay. Las beneficiarias son Gabriela Ortellado Talavera, de 19 años, y Verónica, de 27 años, quienes tramitaron su solicitud de compra de lote el mismo día.
Los expedientes iniciados en el ente para la adjudicación de los lotes registran movimientos desde el 20 de agosto de 2020. Pagaron cada una la suma de G. 589 millones.
Llamativamente tienen vínculos con el empresario Diego Benítez Cañete, involucrado en el caso de la megacarga de cocaína incautada en Alemania. De acuerdo con ciertas documentaciones oficiales, Diego figura como presidente de la empresa Bonagro SA, constituida en mayo del año pasado. Verónica aparece como vicepresidenta y su hermana Gabriela, de 19 años, como directora.
Luego de los cuestionamientos que surgieron en torno a la adjudicación, desde el Indert se emitió un comunicado en el que se informa sobre la decisión de frenar todo trámite administrativo para revisar los procedimientos de adjudicación en torno a las 8.000 ha. en el Chaco.
En el pronunciamiento, la institución señaló que con el objetivo de transparentar totalmente los expedientes se resolvió revisar todo el proceso desde el punto de vista técnico y jurídico. Agregó que la actitud comercial particular de los recurrentes escapa de la jurisdicción de la institución, y que el ente está obligado a cumplir los lineamientos legales.
