El titular del Congreso, Óscar Cachito Salomón, evitó ayer una vez más opinar sobre el informe de la Contraloría General de la República (CGR), respecto a la deuda de Itaipú, calificada como ilegal y espuria por el ente contralor.
El senador colorado afirmó que esperará el informe del presidente de la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C de Itaipú Binacional, Enrique Bacchetta, “y una vez que tengamos ese informe vamos a opinar al respecto”.
“Queremos saber qué opinan la Fiscalía, la Procuraduría”, señaló Salomón, agregando que tuvo la oportunidad de participar el martes de la pasada sesión de la Comisión de Revisión del Anexo C, aunque aclaró que por “otras responsabilidades” solamente pudo estar brevemente en el encuentro, en el cual estuvieron autoridades de la CGR, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR), además de diputados y senadores. “Vamos a esperar el informe del presidente Enrique Bacchetta”, insistió Salomón.
Recordemos que en la reunión de la Comisión, el contralor Camilo Benítez afirmó que la deuda de Itaipú es ilegal, porque se pueden observar en el informe final todos los pagos extra que se dieron desde el año 1986; y que además el beneficiado solo fue Eletrobras (Brasil), lo que generó un perjuicio para Paraguay. “Creemos que es un informe que puede servir al Paraguay, a las personas que tengan la responsabilidad de negociar durante la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú para el 2023”, remarcó el contralor.
A su turno, el fiscal Marcelo Pecci, quien conforma el equipo de fiscales que investiga el caso, informó a los legisladores que se inició una causa por la eventualidad que pueda tener el caso. Dijo que solicitarán a la Contraloría que remita todos los documentos de las conclusiones que hayan servido de base. “La labor del Ministerio Público es técnica y se debe verificar la ley aplicable”, detalló Pecci.
POSTURAS. Al mismo tiempo, intervinieron varios senadores para dar su postura sobre el tema, coincidiendo que el informe de la CGR debe ser tenido en cuenta por el equipo negociador con miras a la revisión del Anexo C de Itaipú, en el 2023.
El senador Bacchetta expresó que la reunión de la Comisión que preside servirá para que la Fiscalía haga su trabajo y, en paralelo, para que la Procuraduría empiece a articular alguna defensa del patrimonio paraguayo.
Agregó que lo primero que se debe hacer es una investigación a fondo, para determinar si realmente existen hechos punibles en la actuación de los diferentes miembros que ocuparon Itaipú. “Entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos que empezar a ver si prescribió o no la causa”, indicó.
Bacchetta también dijo que la reunión de la Comisión es útil para informar a la ciudadanía, e insistió que la Fiscalía debe trabajar en el caso de oficio. “Que esto sirva de investigación objetiva para la Fiscalía, para que se llegue a los responsables”, subrayó.
Vamos a esperar para opinar. Queremos saber qué opinan del informe de la CGR la Fiscalía, la Procuraduría.
Óscar Salomón,
titular del Congreso.
Defiende la gestión de Hugo Javier y espera que aclare imputaciones
Óscar Salomón también se refirió ayer a la investigación que enfrenta el gobernador de Central, Hugo Javier González. Cachito comentó que no conoce los detalles del caso, pero aseveró que “confía” en el gobernador. “Yo no tengo mucha información, pero confío en Hugo Javier, es una persona a quien nosotros le votamos. Está haciendo una gran gestión en el Departamento Central y ojalá que él pueda dilucidar y aclarar toda esta cuestión que le están imputando ahora”, defendió Salomón.
El Ministerio Público investiga a Hugo Javier por la presentación de supuestas facturas clonadas en la rendición, por G. 5.105 millones que se habían transferido a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para obras.
La Fiscalía detalló que lo que les interesa a la institución, y a la ciudadanía es saber si es que los fondos se usaron o no como corresponden, desde el punto de vista de si existió un hecho punible. El fiscal del caso, Rodrigo Estigarribia, aseveró que son preocupantes los intereses políticos y mediáticos que se interponen en el caso.
