Por Miguel H. López – En TW: @miguelhache<br/><br/>Era una de las comunidades indígenas –de las escasísimas en esas condiciones– que tenían un nivel de vida digno, autónomo, progresivo. A lo largo de 22 años había consolidado, con lucha por la tierra incluida, un tekoha en territorio ancestral que les había devuelto el Indi, a cuyo nombre estaban las tierras. <br/><br/> Tenían escuela formal que iba del preescolar al 9.º grado. Una instalación con mobiliario, un dispensario médico como pocos y sus chozas distribuidas sobre una importante superficie muy cerca de Villa Ygatimí, en Canindeyú.<br/><br/>En aquel espacio desarrollaban sus vidas una multitud de niños junto a sus padres y madres. Realizaban sus cultivos de autosustento y trataban de mantener sus tradiciones ancestrales dentro de una cosmogonía comunitarista, integral y milenaria.<br/><br/> Los días transcurrían sin sobresaltos. No obstante, veían con cierta preocupación el avance de la frontera agrícola de los cultivos mecanizados y devoradores de los sojales de colonos brasileños y terratenientes mestizos. El peligro estaba aún a cierta distancia de ellos, aunque eran conscientes de que tarde o temprano también representaría un motivo de lucha por sus vidas y su supervivencia si la política del Estado no ponía freno al envenenamiento masivo con transgénicos y agrotóxicos. <br/><br/>Por cuerda paralela, también sabían de los rumores de que sus tierras estaban en el camino “del progreso” agroindustrial, en la mira de los dueños del capital, pero estaban tranquilos porque tenían un documento del Indi que rezaba expresamente que la comunidad “se encuentra asentada en forma definitiva en el inmueble que forma parte de sus territorios ancestrales individualizado como finca 719 del distrito de Villa Ygatimí, propiedad del Indi”, e investida con carácter de propiedad comunitaria en Canindeyú.<br/><br/>Sin embargo, el pasado martes 13 el terror hizo presencia. Unos 400 antimotines y policías –con el comisario Atilio Ferreira, jefe de Policía de Canindeyú, y el fiscal José Zarza, con una orden firmada por el juez de Curuguaty, Carlos Goiburú Bado– arrasaron la comunidad. No quedó astilla en pie. Casas, dispensario, escuela fueron reducidos a ruinas y cenizas humeantes. Las pocas cosas rescatadas por los nativos en medio de la desesperación terminaron a la vera del camino. El pedido de tamaña destrucción había sido hecho por el abogado Paulo Ferreira De Souza, en nombre del hacendado brasileño Elves Da Silva Riveiro.<br/><br/>Cuando los afectados reclamaron, el juez vio que había sido ilegal y autorizó de nuevo el ingreso de los ava a su tekoha devastado.<br/><br/> ¿Quién paga por semejante violación a los derechos humanos? ¿Quién responde por tamaño abuso, destrucción y ultraje? El terror de niños y mujeres, ¿quién resarce?<br/><br/>Los jueces y fiscales en gran número vienen demostrando que no les importan las leyes ni las personas. <br/><br/>Es hora de que alguien les ponga las manos encima.<br/><br/>