“Con la convocatoria que llega hasta hoy se da por concluido el proceso de movilización”, dijo en una rueda de prensa Carlos Insunza, coordinador de la Mesa de Negociación de los trabajadores públicos, integrada por quince organizaciones gremiales.
El dirigente agradeció además a los funcionarios que se sumaron a la huelga y criticó al Gobierno, que en ningún momento varió su posición de aumentar los sueldos un 3,2 %, aunque flexibilizó el monto de algunos bonos y otros beneficios asociados, favoreciendo a los trabajadores con salarios más bajos.
Los sindicatos, en tanto, comenzaron pidiendo un aumento del 7,0 %, que en el curso del conflicto recortaron al 4,0 %.
El proyecto del Gobierno fue rechazado dos veces en el Congreso, con los votos de los parlamentarios oficialistas, por lo que en la tercera ronda legislativa el Ejecutivo optó por negociar con los partidos políticos, incluidos los de oposición, y logró inclinar la balanza a su favor.
La huelga dejó como efectos más visibles una secuela de más de 6.000 intervenciones quirúrgicas y más de 20.000 consultas de especialidades aplazadas en el sector salud y decenas de miles de basura acumuladas en las calles de algunas comunas del país, incluida Santiago Centro.
Carlos Insunza destacó la unidad de los trabajadores en rechazar, durante el conflicto, “el trato indigno, permanentemente agresivo y de falta de diálogo que ha tenido el Gobierno”.
Esteban Maturana, presidente de la Confederación de Trabajadores de la Salud Primaria, aseguró en tanto que los gremios ya están preparando la negociación del próximo año y afirmó que el Gobierno “tiene con los trabajadores del sistema público una deuda que vamos a cobrar el 2017".
Más temprano, la presidenta Michelle Bachelet había llamado a los trabajadores “a escuchar la señal que ha dado el país” y retomar sus funciones, tras la aprobación del aumento salarial en el Congreso.
“Quiero agradecer a los parlamentarios que aprobaron el proyecto de ley de reajuste al sector público”, dijo la mandataria tras participar en una actividad pública.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, considerado el villano de la historia por los trabajadores, comentó por su parte que “nos gustaría tener reajustes mayores pero también tenemos otras prioridades como país. La educación, la salud, son muy importantes y el presupuesto también gasta en eso”.
Recordó que los funcionarios públicos han tenido también en los últimos años otras leyes que han mejorado sus condiciones laborales, “y por lo tanto tenemos que balancear distintas necesidades con los recursos que tenemos”,
El proyecto aprobado supone al Estado un costo de 567.000 millones de pesos (unos 860 millones de dólares), aumenta los salarios en un 3,2 %, pero congela los sueldos de autoridades y altos cargos con sueldos superiores a 4,4 millones de pesos (unos 6.600 dólares) y otorga bonos especiales a los trabajadores, más altos para los de sueldos inferiores.
En el cierre de la movilización, cientos de trabajadores se manifestaron en repudio al gobierno frente al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.
