Por eso a diario vemos hasta a cinco personas viajando sobre una moto, poniendo en riesgo sus vidas; también vemos a conductores de motocicletas llevando el casco en el brazo.
En el Paraguay están vigentes las leyes de seguridad vial, el problema es su no cumplimiento por parte de los conductores quienes, o las desconocen o sencillamente las ignoran.
Los paraguayos se comportan de forma muy temeraria a la hora de salir a las rutas: no usan el cinturón de seguridad, no utilizan la sillita para niños, no usan casco ni chaleco, sin mencionar la ingesta de alcohol y el uso del teléfono móvil; todos estos factores de riesgo.
Si a todos estos factores se le suma el exceso de velocidad, se tiene la combinación perfecta para configurar un desastre. Y ese desastre ya está aconteciendo. Según los datos del Observatorio, los tres hechos más reportados al Sistema 911 son polución sonora, violencia intrafamiliar y siniestros viales. Se sabe asimismo que los fines de semana aumentan los siniestros viales.
Otro dato ejemplificador señala que, en un lapso de 9 años, entre el 2004 y el 2013, la tasa de mortalidad por accidentes pasó del 8,9 por ciento a 16,2 por ciento por cada 100.000 habitantes. Y cada accidentado grave le cuesta al Sistema de Salud Pública 70 millones de guaraníes y a sus familiares 13 millones; y se presume que entre el 2020 y el 2030, en cada casa habrá un discapacitado permanente por accidente de tránsito.
Urge que nuestras autoridades tomen en serio esta verdadera epidemia. Aunque se debe resaltar que esta situación ha llegado a este estado pese a que el Paraguay dispone de todos los instrumentos legales; el problema es su cumplimiento. Y en este punto es donde se debe apuntar la responsabilidad de las autoridades encargadas en forma directa del control y la prevención: policías municipales de Tránsito, Patrulla Caminera, Policía Nacional, Fiscalía y juzgados, cuya labor no ha dado los resultados esperados, como es más que evidente señalar, dadas las cifras de accidentes y muertes en ruta.
Cuando las leyes no se cumplen, cuando las normas son pasadas por alto por los conductores y las autoridades son cómplices, ya sea por acción u omisión, las transgresiones suelen terminar con sangre derramada en el asfalto y un automóvil estrellado contra un muro.
El Estado paraguayo destina ingentes recursos para asumir el cuidado de los accidentados, pero debería emprender también mejores labores de prevención para atacar la raíz del problema. Es una cuestión cultural intentar ubicarse por encima de la ley y no cumplir las normas, pero las autoridades deben ser capaces de aplicar ejemplares castigos contra quienes infringen las normas y ponen en riesgo la vida de los demás. Si no lo hacen, esta tragedia no hará más que seguir creciendo.
