14 feb. 2025

Temas candentes hoy

Cuando aparentan imponerse populismo de derecha o izquierda en un estado de derecho resquebrajado y democracia frágil, como el y la que tenemos en nuestro país, avanzando ya hacia un desarrollo insostenible, toca articular estrategias de emergencia para evitar que las cosas empeoren estrepitosamente. Ejemplos son las discusiones actuales sobre Itaipú, cajas fiscales, mala calidad del gasto público y Gafilat. Se analizan brevemente a continuación.

ITAIPÚ. En este caso urge cambiar de método de abordaje. No corresponde atacar a los autores de artículos y documentos conflictivos sobre la Itaipú Binacional (IB). Sí hay que hacerlo contra las seudoinformaciones cualitativas y cuantitativas utilizadas en ellos. A disposición de dichos autores debemos poner cortésmente datos válidos, demostrando que, si se hubiesen procesado las reales informaciones de la IB (balances y cuadros conexos, estadísticas y estudios, relacionados con ellos), los errores de contenido se hubiesen podido evitar. El reciente informe de la Contraloría General tiene errores de forma, de contenido y de conceptos, incluyendo dentro de estos últimos imprecisiones de todo tipo. Para peor INRI, los datos utilizados por la Contraloría o fueron de existencia efímera o simplemente no existen en la IB. Ergo, sus conclusiones no podrán ser coherentes con la realidad y, por lo tanto, no se las podrá utilizar ni para la pretendida denuncia de malos manejos en la IB ni para revisar ni renegociar documentos oficiales de la misma. Pero la solución es posible: Se trata de recurrir a las informaciones de la Entidad Binacional, visitando su Dirección Financiera. Y posteriormente hacer valer la binacionalidad en la práctica.

CAJAS DE JUBILACIONES. En una reciente conferencia, el Dr. José V. Altamirano, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia y especialista de fuste en estos temas, dijo lo siguiente: “No es aceptable el ataque al sistema vigente y al mismo tiempo beneficiarse de él, cambiándolo de capitalización colectiva, conocido como de reparto solidario al de capitalización individual con beneficios indefinidos, y más solo en la parte que conviene a quienes resultan beneficiados en un litigio. Si el sistema de reparto hoy es considerado injusto, no ajustado a la época”, … a todo … “sistema perverso corresponde su enmienda o su reforma, pero entretanto, rige y debe aceptarse”. No obstante, su modificación puede realizarse por vía Judicial o Legislativa. El ex magistrado considera la última la más apropiada. “El caso debe resolverse con urgencia ante el decisivo impacto financiero y de todo orden que puede provocar en el equilibrio actuarial del sistema”.

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN. No será posible una reforma seria de la Administración Pública mientras rija impunidad omnipresente, fomentando corrupción descomunal, en medio de mala calidad del gasto público, empeorado por clepto- e ineptocracia, sumidas en nepotismo. Para superar esto, no hay otra alternativa que mejorar la educación en todos los niveles a los efectos de ir articulando mayorías en la sociedad, eligiendo a partidos políticos y legisladores con los que se haga posible vía votos la reducción del tamaño del sector público, así como el aumento de su eficacia y eficiencia. Esta es tarea de generaciones. Es casi imposible pretender lograrlo en el corto plazo, aunque se pongan a favor las variables correspondientes.

DELITOS ECONÓMICOS Y CRIMEN ORGANIZADO. Las ya vigentes normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) (leyes, decretos y resoluciones) no pueden ser debidamente cumplidas en varios países signatarios porque las instituciones establecidas por mandato constitucional para luchar exitosamente contra el lavado de activos, el crimen organizado y el terrorismo internacional son afines a intereses creados, a partidos políticos y otros grupos de presión, contrarios a la vigencia de dichas normas. Esto ocurre también en Paraguay. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de Delitos Económicos no son independientes. La praxis de estas instituciones deja mucho que desear: hay, al más alto nivel, declaraciones de buenas intenciones, pero aún no se cuenta con suficiente presupuesto ni personal especializado que les permitan poner las nuevas normas en vigencia. Con frecuencia, el mundo del hampa es más poderoso que las instituciones oficiales.