El sector de las telefónicas mantuvieron una reunión virtual con ministros del Poder Ejecutivo para sentar postura sobre su preocupación en torno al artículo 103 del proyecto de ley sancionado en el Congreso y que guarda relación con las transacciones electrónicas y regula el funcionamiento.
La conversación se dio con los ministros Carmen Marín (Unidad de Gestión) y Hernán Huttemann (jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República).
“Estuvimos reunidos con ellos esta mañana. Es lo mismo que haríamos con todos los demás sectores que manifiesten algún tipo de preocupación respecto al alcance de esta iniciativa”, sostuvo la colaboradora del presidente de la República.
Consideró que en lo que respecta puntualmente al artículo 103 de la normativa y que fue el punto central que abrió el debate sobre el proyecto de ley de servicios de confianza para transacciones electrónicas.
“Plantearon su preocupación respecto a su alcance y respecto a su implementación. La ley tiene cuatro meses de plazo para su reglamentación. Alegan que el sistema de identificación que tenga un nivel de seguridad alto requiere de una gradualidad en la implementación”, sostuvo.
Marín mencionó que el Banco Central del Paraguay había emitido un dictamen anteriormente. Las autoridades del Ejecutivo escucharon la preocupación del sector de las telefónicas.
Los ministros estarán realizando una recomendación técnica una vez que el Congreso envíe el mensaje a la Presidencia de la República para analizar la promulgación o el veto del proyecto de ley.
Estarán conversando con los técnicos del BCP, el Incoop y la Comisión Nacional de Valores.
VETO. Al ser consultada si estos sectores ya solicitaron el veto, Marín refirió que destacaron la preocupación respecto al alcance del artículo 103. Argumentaron que este tipo de servicios no existe en el mercado. Una entidad se tiene que hacer cargo para certificar el nivel de seguridad.
“Es un modelo de negocios que no está desarrollado. La interpretación que ellos podrían tener es eventualmente algún tipo de costo al usuario”, sostuvo. Alrededor de dos millones de personas usan el servicio.
Las telefónicas argumentaron que estas medidas podrían generar un efecto directo en el mercado.
El Ejecutivo apuesta al desarrollo de este tipo de herramientas y la inclusión financiera. Se insiste en la gradualidad en la implementación de la norma. Coincidieron en la importancia de tener un nivel de seguridad alto.
