Política

Telaraña de chicanas cubre causas a los Zacarías en distintas instancias

Con recursos e incidentes planteados por la defensa, el senador hasta ahora no se presentó en sus audiencias de imposición de medidas. En un caso, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva.

Las defensas del senador Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, ex intendenta de Ciudad del Este, desplegaron una serie de incidentes en las distintas causas que tiene la pareja por presuntos hechos de corrupción. Esto impide que se realicen, por ejemplo, las audiencias en las cuales un juez debe imponerles medidas cautelares.

El pasado 9 de abril el senador debía comparecer ante la jueza de Ciudad del Este Cinthia Garcete. En la ocasión, la magistrada debía resolver si enviaba o no al senador a prisión de manera preventiva, como lo solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

Se trata de la causa por lesión de confianza en la cual Zacarías está procesado en carácter de instigador. La audiencia se suspendió porque la defensa presentó incidentes de nulidades en contra de la imputación y de la admisión. La jueza los rechazó pero ahora deben ser estudiados por una Cámara de Apelaciones.

Solo en esta causa, informó a la prensa la fiscala Josefina Aghemo que desde que inició esta investigación las defensas de los indagados ya plantearon 21 incidentes y recursos que dilatan el proceso.

En esta causa, el Ministerio Público sostiene que Zacarías Irún, en su calidad de asesor ad honórem de la Municipalidad de Ciudad del Este que dirigía su esposa, habría instigado a funcionarios a utilizar fondos municipales para pagos a periodistas.

También están imputados Sandra McLeod y el ex intendente interino Alberto Rodríguez Florentín, entre otros. Solo en esta causa, según la Fiscalía, el perjuicio a la Comuna es de G. 2.174.672.900.

OTROS CASOS. Paralelamente, el senador colorado y su esposa están imputados por el delito de declaración falsa. La imputación menciona presentaciones de declaraciones juradas de bienes de ambos ante la Contraloría General de la República en las cuales supuestamente se omitieron bienes y cuentas.

El pasado 4 de abril, la defensa de los Zacarías logró suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares al promover un recurso de reposición en contra de la resolución que los citó para la imposición de medidas cautelares, argumentando que está pendiente de resolución un pedido para anular el acta de imputación.

El juez Gustavo Amarilla decidió posponer la diligencia hasta tanto se resuelva el pedido de anulación.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción tiene abierta una investigación contra Javier Zacarías Irún, su hermano Justo Zacarías y su esposa por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.

En este caso, la investigación está trabada en la Corte Suprema de Justicia, pero por una acción planteada por el propio Ministerio Público.

Los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo presentaron una apelación en contra de la resolución que dispuso que el caso sea juzgado en el Alto Paraná. Se debe determinar la reapertura o no de la carpeta fiscal. Ahora, la Sala Penal de la Corte Suprema debe dictaminar si el caso se debe seguir en Alto Paraná o en Asunción.

La ex intendenta Sandra McLeod está imputada en otra causa por lesión de confianza. También están procesados David Christian Espínola Osorio, Nilsa Elizabeth Paiva Dávalos, Vicente Rodríguez Florentín, Marcos Aurelio González Escurra y Genaro Ramón García, informaron fuentes judiciales. En este caso, la Fiscalía apunta a presuntos pagos de la Comuna por servicios inexistentes.

Diputado Rivas siguió el mismo camino para dilatar
Otro parlamentario que logró dilatar su proceso penal mediante incidentes y apelaciones es el diputado colorado por Paraguarí Tomás Éver Rivas, imputado por estafa y cobro indebido de honorarios, al haber pagado a sus caseros con dinero público, a quienes hizo figurar como funcionarios del Congreso Nacional.
Tras ser imputado, el legislador planteó una apelación contra el pedido de desafuero realizado al Congreso por parte del entonces juez Rubén Riquelme. Asimismo, las defensas de los coprocesados –Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco– presentaron distintos incidentes y recusaciones a camaristas. De esta manera, el proceso estuvo paralizado casi nueve meses en la Corte Suprema.
Finalmente, el caso se destrabó a finales de marzo. Los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias deben estudiar la apelación de Rivas, quien aún cuenta con fueros.

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