Representantes de la policía y las fuerzas de seguridad de un centenar de países participaron este semana en el Foro Mundial para la Cooperación en Asuntos de Seguridad Pública, organizado en la ciudad de Lianyungang.
La feria permite presentar sus productos a decenas de compañías chinas, muchas de ellas vinculadas, según las oenegés, a la represión en la región de Xinjiang.
China es una de las sociedades más vigiladas del planeta, con millones de cámaras instaladas en sus calles y sistemas de reconocimiento facial por todo el territorio. Esta red de vigilancia cumple la doble función de combatir la delincuencia, pero también prevenir cualquier protesta contra el Partido Comunista Chino (PCCH) en el poder.
El ministro de Seguridad Pública, Wang Xiaohong, dijo al inaugurar el foro que el año pasado la policía china capacitó a 2.700 policías extranjeros y prevé hacerlo con otros 3.000 en los próximos 12 meses.
CONTROL Y AUTORITARISMO. China quiere exportar sus técnicas policiales y de vigilancia para “normalizar y legitimar su estilo de vigilancia y (...) el sistema político autoritario”, apunta Bethany Allen, una experta del Instituto Australiano de Política Estratégica.
En los pasillos de la feria, muestran sus productos compañías como Caltta Technologies, que está ayudando a Mozambique a crear una “plataforma de respuesta de incidentes” que usa la inteligencia de datos para “la rápida localización de un objetivo”.
100 PAÍSES Y REGIONES. Por su parte, el gigante de las telecomunicaciones Huawei dice haber implementado su solución de seguridad pública en más de 100 países y regiones, incluidos Kenia y Arabia Saudita. Huawei está desde 2019 sancionada por Estados Unidos, que acusa a la compañía de espiar en beneficio de las autoridades chinas.
Otra compañía, SDIC Intelligence Xiamen Information (antes conocida como Meiya Pico) también ha sido sancionada por Washington por haber desarrollado una aplicación que habría servido para rastrear en teléfonos móviles archivos de audio e imagen, datos de ubicación y mensajes.
Según el Departamento del Tesoro estadounidense, los habitantes de la región de Xinjiang –poblada mayoritariamente por uigures, una minoría étnica en gran parte musulmana– estaban obligados a descargar un programa de la compañía que “permitía a las autoridades monitorear cualquier actividad ilegal”.
China está acusada de encarcelar a más de un millón de uigures y otros miembros de minorías musulmanas en Xinjiang, aunque las autoridades lo niegan.
En su stand de la feria, la compañía hace demostraciones de un sistema avanzado de reconocimiento facial que permite afinar las imágenes borrosas, darles nitidez para facilitar la identificación de las personas. El software “muestra incluso si hay un espacio entre sus dientes”, dice uno de sus representantes.
También tiene un stand el Instituto de Medicina Legal, adscrito al Ministerio de Seguridad Pública, donde presenta sistemas para realizar pruebas de ADN.
En 2020 este Instituto también fue sancionado por Washington, que le cortó el acceso a algunas tecnologías estadounidenses porque le considera “cómplice de violaciones y abusos de los derechos humanos”. Sin embargo, la sanción se levantó como parte de los esfuerzos de cooperación entre China y EEUU para luchar contra el tráfico de fentanilo.
Varias delegaciones extranjeras que acudieron al foro de Lianyungang se mostraron entusiasmadas. “Podemos aprender de China”, asegura Sydney Gabela, un general de división de Sudáfrica, que busca nuevas tecnologías para utilizarlas en su país. Por su parte, el coronel Galo Erazo, de la policía de Ecuador, asegura haber venido al foro para “establecer contactos y empezar la formación”.
