Opinión

Suspensión de la pena

 

Raúl Ramírez Bogado Por Raúl Ramírez Bogado

Si el Tribunal de Sentencia o el juez de Garantías no suspende la ejecución de la pena que aplica, el magistrado de Ejecución no lo puede hacer, según una resolución dividida de la Sala Penal de la Corte. Esto, al ratificar un fallo dictado en segunda instancia en una causa penal.

El Código de Ejecución Penal tiene dos artículos contradictorios: El 19, sobre la atribución de los jueces, en su numeral 1, inciso b), que dice: ”La suspensión a prueba de la ejecución de la condena cuando la misma no haya sido impuesta por el Tribunal de Sentencia“. El artículo 236 del mismo Código, que habla de la suspensión a prueba de la condena, sin embargo, en la última parte dice: “Cuando el tribunal no se haya pronunciado al respecto, la suspensión no podrá ser dispuesta por el Juez de Ejecución”.

Una magistrada concedió el pedido de suspender la ejecución de la pena a una mujer, con lo que esto fue revocado en el Tribunal de Apelación, y así llegó a la Sala Penal de la Corte.

EL CASO. En la causa, el juez Alcides Corbeta, en un procedimiento abreviado, por sentencia 20, del 9 de mayo del 2018, condenó a dos años de cárcel a Ingrid Giselle Notario Cabrera, por un caso de homicidio doloso.

La pena, según decía el juzgador, debía “ser cumplida en el Correccional de la Casa del Buen Pastor, o en el establecimiento más adecuado para su cumplimiento”.

Al no haber apelación, porque el procedimiento abreviado es acordado entre la defensa y la Fiscalía, el caso pasó al juzgado de Ejecución Penal de la jueza María de Lourdes Scura Dendi.

La misma, por auto interlocutorio 783, del 25 de junio del 2018, hizo el cómputo de la pena. Tras sustanciar un incidente del abogado Rodrigo Marín, el 28 de noviembre del 2018, admitió el pedido de suspensión de la ejecución de la pena por un plazo de dos años.

RECURSO. La fiscala de Ejecución, Celia Beckelmann, recurrió ante el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, que por auto interlocutorio 77, del 21 de marzo del 2019, revocó la resolución.

Fue contra este última resolución que el abogado Rodrigo Marín interpuso recurso extraordinario de casación.

La defensa habla de contradicción o confrontación entre el artículo 19, inciso b), que le da la potestad al juez de Ejecución de conceder la suspensión de la ejecución de la pena, con el artículo 236, que lo prohíbe.

Sostiene que es prioritario analizarlo como una “laguna jurídica” en su interpretación o como una duda razonable, favorable al condenado, con respecto a los dos artículos.

Alega que la pena fue impuesta por un juez de Garantías en un procedimiento abreviado y no por un Tribunal, por lo que pide admitir el recurso de casación.

Por su parte, la fiscala Adjunta, María Soledad Machuca, solicitó rechazar el recurso porque el Tribunal de Apelación consideró que el artículo 236 es la norma imperativa que debe aplicarse.

Además, refiere que está en el capítulo de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Por esto, requiere que se rechace la casación.

Hubo voto dividido entre los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Gladys Bareiro de Módica, al resolver el caso.

Benítez Riera votó por admitir el recurso, porque deniega la suspensión de la pena. Luego dice que la resolución está bien fundada.

“Con relación a la contradicción alegada por la parte recurrente entre el artículo 19, inciso b) y el 236, considero que prevalece la aplicación del segundo, porque se trata de una norma especial que regula de manera específica y detallada la institución jurídica de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena”, dice.

Indica que está ubicada entre las disposiciones relativas a los adolescentes, ejecución de penas no privativas de libertad, mientras que la primera (art. 19), está entre las disposiciones generales.

afirma que la ubicación de la norma, los libros, los títulos, capítulos y artículos, permiten arribar a la conclusión de que el Tribunal de Apelación llegó a una interpretación ajustada a Derecho.

La ministra Carolina Llanes estuvo en disidencia. Entiende que hubo errónea aplicación del Derecho y que por el principio in dubio pro reo (en caso de duda a favor del reo), considera que sí se debe aplicar el artículo 19, numeral 1, inciso b). Alega que hay que anular la resolución.

La ministra Bareiro se adhirió al voto de Benítez Riera. Dice que no corresponde aplicar el instituto del in dubio pro reo, o la interpretación extensiva o analógica. Dice que esto se usa sobre los hechos para absolver al acusado. Afirma que hay una contradicción entre leyes y entiende que la interpretación de su colega está correcta.

El caso deja un precedente para otros conflictos, aunque no es la Sala Penal original.


Para entender
INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA. La defensa del imputado y el ejercicio de sus derechos serán inviolables. Por derechos procesales se entenderá por primer acto del procedimiento, toda actuación del fiscal, o cualquier actuación o diligencia hecha luego de vencer el plazo de seis horas.
ELECCIÓN DE ABOGADO. El imputado podrá defenderse por sí mismo o elegir un abogado de su confianza, a su costa, para que lo defienda. Si no designa defensor, el juez penal, independientemente de la voluntad, designará de oficio un defensor público.
IRRENUNCIABLE. El derecho a la defensa es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones a partir del momento en que se realice. Los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos por el defensor, salvo los personales o cuando exista reserva en la ley o en el mandato. (Fuente Código Procesal Penal).

Dejá tu comentario