Los sumariados con suspensión de salario hasta el momento son Patricia Candia, jefa de Sección, y Marlene Enciso, jefa adjunta, y los funcionarios Rubén Santacruz, de Archivo, y César Picaguá encargado de Registros.
El Ministerio Público recibió comunicación del caso ante un posible hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. La institución tiene diez días para dar respuestas sobre el caso.
Del esquema se sospecha que formaría parte una escribana que habría autorizado la escritura pública irregular, informó PSD Radio y TV.
La directora general de los Registros Públicos, Lourdes González, denunció el hecho. La misma explicó que la semana pasada se presentó a la institución una escritura pública de compraventa de hipoteca de un inmueble de Caaguazú, por valor de USD 3.500.000, que tuvo ingreso normal.
Según la directora, una vez ingresada la escritura pública de compraventa de hipoteca queda en el departamento de Sección, donde nuevamente se requiere su devolución a mesa de entrada por pedido de la escribana, quien alegó errores en la escritura de mucho valor, por lo que la jefatura devuelve a la mesa de entrada el documento.
Al retornar a mesa de entrada, la escritura desapareció en 24 horas, siempre de acuerdo con la denuncia. En ese tiempo, una escribana del interior del país se comunicó vía WhatsApp con otra jefa de Sección, preguntándole sobre un título que le habían llevado a ella para una operación de un banco; dicho título resultó ser el mismo que se tenía por desaparecido.
González señaló que la desaparición del título fue temporal y que tras su aparición el documento ya no contaba con la hoja de seguridad, por lo que se estima que se sobrepasaron todos los procedimientos para su retiro.
Ante el hecho, también se percataron de que la escritura no debió ser formalizada, ya que el certificado de condición de dominio salió con nota negativa, por lo que no se podía realizar la formalización de la escritura pública. Lo que dejó en evidencia a la escribana, quien no debió autorizar esa escritura pública, además de que el certificado catastral todavía no fue cedido por el Registro Nacional de Catastro.
Además de tal situación, la directora también denunció que recibió el ofrecimiento de coima a cambio de no denunciar el hecho.
El hecho
Según la denuncia presentada por la directora general de los Registros Públicos, el inmueble estaría registrado a nombre de Jacobs Thiesen, un colono menonita que se desempeña como agricultor en la propiedad.
La misma se trata de una finca ubicada en Caaguazú, cuyos documentos habrían sido adulterados años atrás en dicha zona.
Se habla de unas 14.000 hectáreas, inmueble valuado en USD 3.500.000, el cual intentaron transferir adulterando sellos de la institución.