La nueva administración municipal de Ciudad de Este parece decidida a asumir los costos políticos que otras intendencias, incluyendo a la de la capital Asunción, no han sido capaces de realizar para reducir la superpoblación de funcionarios, en muchos casos de ellos planilleros que no cumplen ninguna función y que han sido contratados como pago de promesas en las campañas electorales, derrochando impunemente los recursos aportados por los contribuyentes.
En una conferencia de prensa brindada ayer, el nuevo intendente de la capital de Alto Paraná, Miguel Prieto, junto a su equipo de colaboradores, declaró que el Municipio a su cargo se encuentra en quiebra técnica, ya que cuenta con más de 2.700 funcionarios, cuando a su entender bastan 1.400 para hacer funcionar perfectamente a la institución. A los que eran mantenidos como planilleros y operadores políticos por el grupo político del llamado Clan Zacarías, que se mantuvo en el poder comunal durante casi 17 años, se suman unos 1.291 que fueron contratados durante menos de dos meses por la intendenta interina Perla Rodríguez de Cabral, de la ANR, luego de la destitución de la intendenta Sandra McLeod, sin disponer de ninguna previsión presupuestaria.
El resultado es que actualmente existen en la práctica unos “cuatro funcionarios por baldosa”, según explicó gráficamente la directora de Recursos Humanos de la Comuna, Yolanda Paredes. El intendente estima que son aproximadamente 800 los funcionarios planilleros, a quienes cancelará sus contratos. Como otros ejemplos de las irregularidades, citó que existen unos 20 arquitectos percibiendo salarios en la Comuna, pero nunca entregaron una sola obra. También hay unos 40 abogados, pero son solo algunos los que trabajan, incluso dos de ellos viven en Alemania, pero igual cobran salarios.
En meses anteriores, la Municipalidad de Ciudad del Este tenía presupuestados unos 3.000 millones de guaraníes al mes, solamente para el pago de salarios, pero durante la administración interina de Perla de Rodríguez la cifra de salarios ascendió a 6.000 millones de guaraníes, con lo que ya se ha utilizado el 50% del presupuesto de la Comuna en todo el año, lo cual significa que la institución apenas podrá sostenerse financieramente hasta el mes de agosto, luego ya no tendrá recursos para pagar salarios, mucho menos para realizar las obras que reclama la ciudadanía.
Esta es la caótica situación a la que ha conducido un estilo de hacer política basado en la corrupción y el prebendarismo, que al parecer algunos concejales municipales esteños vinculados al Clan Zacarías y a otros sectores derrotados en las últimas elecciones intentan sostener y defender, oponiéndose a las acciones de desvinculación de funcionarios sobrantes que la actual administración está llevando a cabo de manera radical, aunque resulte impopular.
Lo importante es que estas necesarias correcciones se hagan con absoluta transparencia y respetando la ley, buscando otras opciones, como una feria de empleos en el sector privado, para paliar los efectos sociales, pero la ciudadanía ya no debe seguir cargando con el alto costo del legado de políticos corruptos.