María Florencia Attademo-Hirt, representante del BID en Paraguay, moderó la charla telemática, denominada Transparencia de los recursos públicos en tiempos de Covid-19: los esfuerzos de Paraguay. Attademo-Hirt apuntó que las políticas públicas de transparencia activa, según estándares internacionales, contribuyen a que la sociedad civil ejerza el control social sobre las inversiones y gastos en pandemia.
Évelyn Rodríguez Pérez, representante de Usaid en Paraguay, contribuyó cono el debate mencionando que para una participación efectiva, la plataforma debe permitir la descarga de datos que faciliten el análisis de desempeño, agregando que Usaid seguirá apoyando al Gobierno en acciones estratégicas para fortalecer la transparencia e integridad del país.
CONTRATOS ABIERTOS. Por su parte, Mariana López, gerente de proyectos de Open Contracting Partnership, se adhirió a la necesidad de las contrataciones abiertas para combatir la pandemia. Desde su organización, colaboran diseñando procedimientos claros para reducir los plazos de entrega de bienes y servicios; ayudando a transparentar la compra y distribución de vacunas.
“Paraguay posee una amplia trayectoria en gobierno abierto; se unió en 2012, pero dos años después tomó impulso el acceso a la información. Esto fue posible por la decisión técnica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), mientras que el ecosistema se apropió rápidamente de los datos y aparecieron casos muy conocidos. Como el caso del conocido cocido de oro”, un escándalo referido a los sobreprecios en servicios de cátering para el Ministerio de Educación; o la caída de un techo en una escuela de Lambaré, que puso al descubierto la importancia de la transparencia y la contraloría ciudadana”, agregó.
EMPODERAMIENTO. Con respecto a la impresión que las especialistas tienen del empoderamiento de la sociedad civil para demandar mejores servicios públicos, la representante de Usaid indicó que para un mayor impacto en el fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas, la cooperación de este organismo estará centrada en lazos más estrechos con empresas, periodistas y universidades.
Paula Díaz, directiva ejecutiva del Observatorio Fiscal de Chile, apuntó a su turno con respecto al tema sobre la experiencia en el país trasandino: “Analizamos adjudicaciones de contratos para residencias sanitarias, donde faltaba transparencia y tenían precios distintos del mercado. Identificamos un porcentaje de compras directas e impulsamos modificaciones para mejorar precios, lo mismo que con precios de mascarillas y alcohol en gel”, destacó.
Ante el avance en el acceso a la información pública, Rodríguez Pérez manifestó que hay mucho interés en Paraguay por los datos, pero que aún falta una mayor explicación de los mismos.
“Vemos un movimiento de diferentes sectores socioeconómicos, que piden transparencia; esa es una ventana de oportunidades”, sostuvo.
Optimizar la plataforma de datos sobre uso de recursos públicos y profundizar en información para la ciudadanía fueron las sugerencias de especialistas extranjeras hacia el manejo oficial de la pandemia.
