Por un lado, resalta el vergonzoso papel cumplido en todos estos años por la Contraloría General de la República (CGR), que ha guardado bajo siete llaves las declaraciones juradas que le han sido confiadas y no solo se ha negado reiteradamente a revelarlas, sino que no ha cumplido la función establecida en el artículo 283 de la Constitución Nacional, que le exige comparar los documentos y realizar los dictámenes de correspondencias, denunciando las llamativas diferencias exhibidas entre lo declarado en diversos momentos por las autoridades y los funcionarios, con enriquecimientos notorios que son muy difíciles de justificar.
De este modo se explica por qué los sucesivos contralores se han negado sistemáticamente a hacer públicas las declaraciones juradas, a pesar de los reclamos ciudadanos, buscando hacer cumplir lo establecido en la Ley 5282, de “Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. Recién tras un reciente histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia la Contraloría ha empezado a liberar los documentos, aunque es evidente que lo revelado hasta ahora constituye solo la punta del iceberg de todo lo que oculta la corrupta práctica de la política.
El otro detalle preocupante es la poca importancia que le ha dado hasta ahora el Ministerio Publico a los llamativos indicios de presunto enriquecimiento revelados en dichos documentos. Por el contrario, algunas manifestaciones de sus integrantes, como la fiscala Liliana Alcaraz, quien afirmó que la publicación de las declaraciones juradas “no es suficiente para actuar de oficio”, no solo implica una falta de voluntad política para sancionar los hechos de corrupción, sino que hacen sospechar de una evidente complicidad en los presuntos delitos cometidos contra el erario público.
La postura de la fiscala Alcaraz se contradice abiertamente con la del ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción y ex fiscal, René Fernández, quien sostiene que la Fiscalía sí puede y debe actuar de oficio ante los datos revelados en las declaraciones juradas que se han hecho públicas. Llamativamente, el ministro Fernández no fue convocado a una reunión de trabajo que convocó la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para analizar el tema, luego de sucesivos reclamos de la ciudadanía.
En su edición de ayer, este diario publicó un informe sobre varios fiscales y ex fiscales que también exhiben un llamativo enriquecimiento según sus declaraciones juradas. En este detalle puede estar la respuesta de por qué se muestran tan reacios a investigar.
La ciudadanía no debe dejar de exigir que se siga destapando la olla podrida de la corrupción, en busca de una significativa transformación moral.
