Editorial

Sospechosa complicidad en no investigar el enriquecimiento

Las manifestaciones de algunos miembros de la Fiscalía acerca de las presuntas dificultades para investigar los escandalosos incrementos de patrimonios de altas autoridades y funcionarios públicos, tras la publicación de sus declaraciones juradas de bienes, no solo implican una falta de voluntad política para sancionar los hechos de corrupción, sino que hacen sospechar de una evidente complicidad en los presuntos delitos contra el erario público. Las revelaciones acerca de fiscales y de ex fiscales con enriquecimiento llamativo incrementan esta conjetura. La ciudadanía no debe dejar de exigir que se siga destapando la olla podrida de la corrupción, en busca de una significativa transformación moral.

La publicación de las primeras declaraciones juradas de altas autoridades y funcionarios públicos tras una larga lucha ciudadana por vencer al secretismo del Estado, con las revelaciones de escandalosos incrementos de patrimonios que permiten sospechar de varios casos de posible enriquecimiento ilícito a costa del dinero público, constituyen una prueba de fuego para las instituciones encargadas de velar por los derechos y los intereses de la ciudadanía.

Por un lado, resalta el vergonzoso papel cumplido en todos estos años por la Contraloría General de la República (CGR), que ha guardado bajo siete llaves las declaraciones juradas que le han sido confiadas y no solo se ha negado reiteradamente a revelarlas, sino que no ha cumplido la función establecida en el artículo 283 de la Constitución Nacional, que le exige comparar los documentos y realizar los dictámenes de correspondencias, denunciando las llamativas diferencias exhibidas entre lo declarado en diversos momentos por las autoridades y los funcionarios, con enriquecimientos notorios que son muy difíciles de justificar.

De este modo se explica por qué los sucesivos contralores se han negado sistemáticamente a hacer públicas las declaraciones juradas, a pesar de los reclamos ciudadanos, buscando hacer cumplir lo establecido en la Ley 5282, de “Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. Recién tras un reciente histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia la Contraloría ha empezado a liberar los documentos, aunque es evidente que lo revelado hasta ahora constituye solo la punta del iceberg de todo lo que oculta la corrupta práctica de la política.

El otro detalle preocupante es la poca importancia que le ha dado hasta ahora el Ministerio Publico a los llamativos indicios de presunto enriquecimiento revelados en dichos documentos. Por el contrario, algunas manifestaciones de sus integrantes, como la fiscala Liliana Alcaraz, quien afirmó que la publicación de las declaraciones juradas “no es suficiente para actuar de oficio”, no solo implica una falta de voluntad política para sancionar los hechos de corrupción, sino que hacen sospechar de una evidente complicidad en los presuntos delitos cometidos contra el erario público.

La postura de la fiscala Alcaraz se contradice abiertamente con la del ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción y ex fiscal, René Fernández, quien sostiene que la Fiscalía sí puede y debe actuar de oficio ante los datos revelados en las declaraciones juradas que se han hecho públicas. Llamativamente, el ministro Fernández no fue convocado a una reunión de trabajo que convocó la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para analizar el tema, luego de sucesivos reclamos de la ciudadanía.

En su edición de ayer, este diario publicó un informe sobre varios fiscales y ex fiscales que también exhiben un llamativo enriquecimiento según sus declaraciones juradas. En este detalle puede estar la respuesta de por qué se muestran tan reacios a investigar.

La ciudadanía no debe dejar de exigir que se siga destapando la olla podrida de la corrupción, en busca de una significativa transformación moral.

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