Editorial

Solo con equidad social se evitará la deserción escolar

A la par de rescatar a estudiantes de escuelas y colegios públicos que han desertado del sistema educativo formal, lo que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y los gremios docentes deberían hacer es un profundo estudio acerca de las causas que expulsan a los alumnos de las aulas. La principal de ellas es la pobreza económica que aqueja a un vasto sector de la población. La lucha por la supervivencia diaria obliga a muchos padres e hijos a darle prioridad a la búsqueda de medios materiales para seguir subsistiendo. Con esta dolorosa realidad, la educación se vuelve prescindible. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que apuntar a superar la marginación que proviene de una larga historia de injusticia social.

Según la Encuesta Permanente de Hogares, realizada por la Dirección Nacional de Estadística, Encuestas y Censos del año pasado, existen más de 100.000 estudiantes en edad escolar que han abandonado el sistema educativo del Estado por diversas razones.

Ante esa realidad, el MEC, a través de sus docentes, pondrá en marcha apenas se inicien las clases un operativo de rescate de los que han desertado para reponerlos en las aulas y devolverlos al circuito de la enseñanza que ha quedado interrumpido para ellos.

La cantidad de niños y jóvenes que en vez de estudiar han estado fuera de las clases es alarmante y tardíamente –porque el fenómeno es de antigua data– el organismo que implementa las políticas públicas en el área educacional está tomando cartas en el asunto.

La sola reposición de los alumnos a las aulas de escuelas y colegios no es suficiente, aun cuando sea un paso imprescindible. Por eso hay que buscar las causas por las que los chicos dejan de acudir a los locales de enseñanza, las que son evidentes a todas luces y aquellas que están más solapadas en medio de la maraña social.

El motivo más obvio de la deserción escolar es la pobreza. Hay padres que no pueden seguir enviando a sus hijos a estudiar porque carecen de los medios económicos necesarios para sostenerlos. Aun cuando en términos de cantidad los montos de dinero requeridos no son elevados, cae de maduro que ni siquiera disponen de lo elemental para continuar solventando los gastos.

De ese modo, muchos niños y adolescentes pasan de las aulas a las calles a luchar por la supervivencia diaria para aportar a la casa. Los departamentos más pobres, como San Pedro, Caazapá y Caaguazú, son los que sufren el mayor impacto de esa situación.

Además de lo económico hay que considerar –sobre todo en las áreas más vulnerables– como causa del abandono de los estudios el poco atractivo de un sistema de enseñanza obsoleto que no proporciona las herramientas adecuadas para desarrollarse en la vida. Es aquí donde se vuelve un imperativo categórico agilizar la reforma educativa.

Son muchas las aristas de esta problemática que no se solucionará identificando a los desertores y devolviéndolos a las aulas.

Hay que atacar las causas estructurales de esta realidad. Ello implicará construir un país con equidad donde la justicia social no siga siendo una utopía.

Por tanto, todo el esfuerzo que se realice, tiene que apuntar a superar la marginación que sufren amplios sectores de nuestra sociedad, y que proviene de una larga historia de injusticia social.

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