Política

Solo 50% de grupos políticos están inscriptos en supervisión antilavado

La mitad de los 60 partidos y movimientos que participaron en las últimas elecciones figuran en el registro de la Seprelad. El sector está obligado a reportar operaciones sospechosas desde el 2011.

Ocho años transcurrieron desde que los grupos políticos pasaron a integrar la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a través de la inscripción en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Sin embargo, hasta la fecha están inscriptos solo 31 de los 61 partidos y movimientos que, según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), participaron de las últimas elecciones.

Entre los no inscriptos aparecen los partidos Unace, País Solidario, Demócrata Cristiano y Tekojoja, mientras que entre las nucleaciones ya registradas figuran los más populosos: la Asociación Nacional Republicana-ANR y el Partido Liberal Radical Auténtico-PLRA (ver infografía).

No obstante, casi todos los partidos y movimientos inscriptos se presentaron a la Seprelad recién en el 2018, en fechas cercanas a las elecciones presidenciales del 22 de abril. Solo el Partido Colorado, el Revolucionario Febrerista y Patria Querida se inscribieron antes, en 2015 y 2017.

Las resoluciones de la Seprelad que incluyen a los partidos políticos entre los sujetos obligados que deben inscribirse en la institución datan ya del 2011. Se trata de la resolución 453/11 “por la cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las organizaciones sin fines de lucro”, y de la resolución 218/11 “que crea el registro de sujetos obligados”.

El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, mencionó entre los desafíos actuales a la necesidad de mejorar el control del financiamiento político, atendiendo a los últimos casos como los que involucraron a la ex diputada Cynthia Tarragó, hoy detenida en los Estados Unidos y excluida del padrón de la ANR.

“Soy partidario de que tienen que actualizarse las normas y tiene que haber un control mucho más exhaustivo desde la misma inscripción hasta las diferentes etapas que eso va pasando”, expresó.

Arregui recordó que para el efecto están trabajando en la actualización de la legislación vigente, de manera conjunta con la diputada Rocío Vallejo (PQ), y que en los primeros tres meses de su gestión se generaron informes de operaciones sospechosas que fueron derivados a la Fiscalía.

“Tenemos informes periódicos de relevamiento, que en algunos casos se van al Ministerio Público, se comparte, pero siempre es en el plano de inteligencia. El Ministerio Público puede tomar o no nuestro trabajo, estamos constantemente retroalimentándonos con ellos (…) y con el TSJE”, agregó.

La Seprelad es la institución que supervisa a los partidos y movimientos políticos, como estrategia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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Se necesita mayor trazabilidad de fondos, advierten
El economista Aníbal Insfrán Pelozo, miembro de la Mesa de Finanzas Sostenibles, recordó que al integrar a los partidos políticos entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, se pretende determinar la procedencia del financiamiento a este sector, a fin de garantizar que se trate de fuentes lícitas.
“Una de las cosas que más le preocupa a todos es que para evitar problemas de relacionamiento y dependencia del narcotráfico, de dinero ilegal, se había aprobado que los partidos políticos tengan financiamiento público. Lastimosamente, no se cortó el resto, está el financiamiento público pero el resto está siempre abierto, el financiamiento privado. Si no podemos tener trazabilidad de los fondos, es negativo este proceso”, aseveró.

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