A través de una nota, la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC) solicitó a la Comisión de Obras Públicas, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados para que intervenga en el caso de la cuestionada fiscalización de la Ruta Bioceánica, obra que avanza sin supervisión externa.
“Observamos con preocupación las enormes dificultades e incluso imposibilidad que presentaría una fiscalización vía administrativa del propio comitente (MOPC) para el desarrollo de estas tareas, dada la usual falta de recursos humanos especializados disponibles en la administración en la materia específica”, resalta el escrito del gremio con fecha del 5 de agosto.
Agregó que Obras Públicas tiene una carencia de “todo el equipamiento tecnológico, software apropiados de medición, gerenciamiento del tipo de contrato y la necesidad de un director de fiscalización, con experiencia específica, altamente calificado”.
Resaltó que estas falencias quedan confirmadas por “las necesarias y correspondientes altísimas exigencias impuestas por el MOPC en los pliegos de la licitación” para la fiscalización que fue cancelada.
Agregó que las obras fiscalizadas por las consultoras deben presentar, previo a la firma del contrato, una garantía de desempeño profesional, que en caso comprobado de incumplimiento de contrato o mal desempeño de las funciones puede ser ejecutada por el MOPC.
Vale señalar que las obras del Corredor Bioceánico (tramo Carmelo Peralta-Loma Plata), cuyas obras están a cargo del Consorcio Corredor Vial Bioceánico –integrado por la brasileña Queiroz Galvão SA y la paraguaya Ocho SA–, están siendo fiscalizadas por funcionarios del MOPC.
Se trata de solo cuatro profesionales, según la Resolución número 285 que firmó el titular de la cartera, Arnoldo Wiens, el 18 de febrero de este año, con la cual se conformó “un equipo transitorio de fiscalización”.
Sin embargo, la cartera remitió ayer un comunicado donde aclaró que en total son 12 los funcionarios que están fiscalizando las obras. Al escrito se adjuntaron otras resoluciones que fueron firmadas por el ministro que incluyen a más personal para fiscalizar.
Vale indicar que estos documentos fueron solicitados varias veces por este diario desde hace meses, pero solo remitieron la Resolución 285 y, sorpresivamente ayer aparecieron más resoluciones.
Lo concreto es que fuentes del sector de la construcción insisten en que el MOPC busca evitar la fiscalización de la obra debido a la cercanía de la firma Ocho SA con el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, pues la empresa pertenece a la familia del asesor económico y concuñado del jefe de Estado, Luis Alberto Pettengill Castillo.
cancelación de fiscalización. Recordemos que el MOPC había otorgado el contrato de fiscalización al consorcio fiscalizador Nippon Koei, que presentó una oferta de USD 9 millones, USD 1,5 millones más que la oferta más barata, por lo que fue anulado por Contrataciones Públicas, tras una protesta.
La obra del Corredor Bioceánico se convertirá en la ruta más cara del país, principalmente por el elevado costo de la financiación, pues con los intereses el Estado terminará pagando USD 732 millones en 15 años.
