Luego de haberse dado a conocer el informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las irregularidades del proceso de compra del denominado software de oro por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), el Consejo de Administración de la entidad decidió suspender la ejecución del contrato suscrito con la firma Green SA, según se comunicó ayer.
El caso guarda relación con la licitación realizada para la provisión de un sistema de gestión hospitalaria para el Hospital Regional y centros asistenciales de la entidad en el Departamento de Alto Paraná, por un total de G. 39.886 millones, equivalentes a USD 6,1 millones. La Contraloría, luego de un proceso de fiscalización especial inmediata (FEI), concluyó que solo un oferente podía cumplir con los requisitos del llamado.
La polémica en el proceso se inició a comienzos de mayo del año pasado, cuando se dio a conocer la adjudicación a favor de Green SA. En ese entonces, la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft), a través de un comunicado, cuestionó públicamente el procedimiento, argumentando, entre otros aspectos, que el monto del contrato superaba “de manera exagerada” el costo de adquisiciones similares en territorio nacional.
Igualmente, se hacía referencia a uno de los requisitos, sobre la “suficiente experiencia”, que pedía que el oferente “deba estar prestando soporte al HIS (sistema de información hospitalaria) implementado en forma ininterrumpida hasta los 180 días anteriores a la oferta”. Esto excluyó, por ejemplo, a una empresa de 10 años de experiencia que no haya brindado ese servicio específico en los últimos seis meses, sostuvo la Cisoft.
EMPRESA EN LA MIRA
Las conclusiones de la CGR motivaron la apertura de una nueva investigación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) al respecto. En una entrevista concedida a Última Hora, Pablo Seitz, titular de la DNCP, comentó que la pesquisa incluirá al proveedor, en este caso la empresa Green, cuyo representante es Hugo Wilson Armoa, conforme a los antecedentes del caso.
Seitz indicó que la información que manejan es que la empresa es representante de una firma del mismo nombre de origen argentino. Última Hora había confirmado que Green SA funcionaba en el domicilio particular de Armoa, específicamente en la dirección 15 de Agosto esquina República Argentina y Centauro de Ybycuí, en Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná. Aparte de la adjudicación en IPS, la firma solo cuenta con un contrato con el sector público, según los datos que aparecen publicados en Contrataciones.
MEDIDA ACATADA, PERO...
Andrés Gubetich, presidente de la previsional, manifestó ayer en una conversación con un medio local que acatará la decisión de Contrataciones Públicas, que suspendió el proceso, bloqueó el código de contratación y empezó a investigar nuevamente el caso de oficio. Sin embargo, defendió lo realizado y aseguró que todo se hizo con transparencia.
Sobre las conclusiones de la Contraloría, Gubetich aseguró que IPS dirigirá una aclaratoria explicando que los documentos que supuestamente no fueron puestos a disposición sí estaban en el informe remitido al ente contralor. Esto hace referencia a una de las observaciones que hizo la CGR sobre la necesidad de la contratación del software. Indica que la convocante no proporcionó evidencia sobre la realización de un estudio que justifique la adquisición.
Otro punto señalado es que el informe de evaluación de la oferta de Green no detalla el comparativo de las características de la misma respecto a todos los requerimientos del pliego de bases y condiciones.
