El senador Sixto Pereira, del Frente Guasu, acusó ayer que empresarios, sojeros y ganaderos invaden tierras públicas. “Es necesaria la regularización y estabilización de tierras en el país, solucionar la superposición y ocupación de tierras públicas, recabar el historial de los grupos económicos, principalmente ganaderos o terratenientes, cómo empezaron a tener tierras en Paraguay, ver si no son parte de la época tenebrosa de la dictadura, cuyos personeros fueron beneficiados con tierras públicas, tierras malhabidas”, señaló el legislador a la prensa.
Agregó que en no se puede plantear una ley represiva contra las comunidades indígenas y campesinas, en alusión al proyecto de ley firmado por el colorado Enrique Riera y el patriaqueridista Fidel Zavala, entre otros, el cual solamente “está para amparar a los terratenientes”. Recordó que empresarios invadieron tierras de indígenas en el Chaco y los citados senadores avalaron la acción.
“Es un caso de público conocimiento, ellos apadrinaron, utilizaron a algunos indígenas para que mientan. Se demostró desde el Indi, desde el Indert, desde la Pastoral Social”, aseveró Pereira.
Comunitarias. Insistió que las tierras indígenas tienen otra connotación, pues son intransferibles y no se pueden hipotecar. Además, estas tierras son comunitarias. “Hay demasiadas amenazas para las tierras en todo el país, principalmente de los sojeros, superposición de títulos, confabulaciones de instituciones del Estado. Es un problema nacional”, indicó el senador. Añadió que en el caso de las comunidades campesinas o indígenas, no se solucionará el problema criminalizándolos, y calificó a esta actitud como “una posición retrógrada, antidemocrática”. “Eso es vivir en otro planeta”, expresó.
Pereira también adelantó que este jueves se tratarán en el Senado varios proyectos relacionados a la problemática de la tierra en Paraguay, como el que hace referencia a la superposición y la apropiación de las tierras públicas.
Reiteró que se deben investigar los casos de las tierras malhabidas que fueron entregadas a personas que no eran sujetos de la reforma agraria en la época de la dictadura para que se haga justicia. Dijo que en el país actualmente hay 800 casos de desalojos y repitió que con la propuesta presentada por algunos sectores políticos que responden a los intereses de grandes terratenientes, “solo se busca defender a los intereses de los sectores económicos más poderosos y que mayor riqueza concentran, y en contrapartida criminalizan a compatriotas”.