EFE, REUTERS y AFP
MIAMI, EEUU
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer su satisfacción por la despenalización en Argentina de los delitos de calumnia e injuria en asuntos de interés público, lo que “sienta un precedente para que la prensa pueda trabajar sin inhibiciones ni temores”.
El Senado argentino aprobó el pasado jueves, por votación unánime, una ley que reforma el Código Penal en materia de delitos de injurias y calumnias y sustituye la pena de prisión por multas.
La legislación, iniciativa de la presidenta argentina, Cristina Fernández, fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 28 de octubre.
La nueva ley “se apega a nuestro permanente reclamo para que las legislaciones nacionales sobre prensa y expresión se ajusten a los estándares jurídicos interamericanos”, dijo en un comunicado Alejandro Aguirre, presidente de la SIP y subdirector del Diario Las Américas de Miami.
TRABAJAR LIBREMENTE. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, director editorial del San Antonio Express-News, manifestó que se trata de un “logro trascendente, porque permite que los periodistas puedan trabajar libremente”.
Rivard destacó, además, que la despenalización evitará que los periodistas tengan que “autocensurarse para evitar ir a la cárcel cuando investigan temas complejos que atañen a funcionarios públicos o a temas de interés público”.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que “la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”.
La despenalización de los delitos de calumnia e injuria en Argentina se produce a raíz de una recomendación hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la que presentó una denuncia el periodista Eduardo Kimel, condenado por la Corte Suprema de Justicia argentina a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización.
Kimel publicó un libro en noviembre de 1989, en el que criticó la conducta de un juez a raíz de la investigación del asesinato de cinco religiosos.
Argentina se suma así a El Salvador, México y Uruguay en la despenalización de los delitos de difamación e injuria.
El proyecto que fue aprobado por la totalidad de los 51 senadores presentes, deroga la figura de calumnias e injurias como delito penal para expresiones referidas a asuntos de interés público, eliminando la pena de prisión.
RSF CALIFICA DE GRAN AVANCE LA MEDIDA
La organización defensora de la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó ayer de “gran avance” la aprobación unánime del Senado de una ley que despenaliza las calumnias e injurias en asuntos de interés público. “La reforma impulsada por el Gobierno argentino, y aprobada por el Congreso, significa una gran mejora legislativa en favor de la libertad de expresión”, indicó RSF en un comunicado emitido en París. Precisa que con esta iniciativa, convertida en ley por el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados, se suma a otros países de la región, como Brasil, Uruguay y México, “donde ya no se pueden condenar penalmente los delitos de prensa”. RSF subraya que la reforma del Código Penal argentino se produjo semanas después de la adopción de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, apoyada por esta entidad. La nueva norma adecua la figura de calumnia e injuria a la de real malicia y elimina la pena de prisión por ese delito, y lo reemplaza por una multa fijada entre 3.000 y 30.000 pesos.