No hubo acuerdo entre ellos para el levantamiento de la huelga, aunque no se cerraron a la posibilidad de seguir tratando de llegar a una solución.
En la audiencia, el abogado Jorge Britos, por la PGR, se ratificó en los términos del amparo y solicitó varios informes. El representante del Ministerio de Justicia, Anildo Caballero, remarcó que si bien la huelga era un derecho garantizado, los servicios públicos penitenciarios eran altamente imprescindibles.
Por su parte, los sindicalistas y sus abogados, encabezados por la abogado Graciela Bernis, quien señaló que los problemas penitenciarios se debían a la impericia de los que manejaban la política criminal, refiriéndose a los fallecidos en los penales. Además, también culpó al presupuesto y que ellos habían garantizado los servicios básicos.
Finalmente, la jueza ofició a los ministerios del Trabajo y de Justicia por 72 horas para remitir los informes.