El motivo se debería a que la Fiscalía de Delitos Económicos acusó en 2011 al líder con permiso del PMAS, Camilo Soares, por supuesta corrupción en Secretaría de Acción Social (SAS).
Soares fue acusado por supuesta lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En la sesión de la Cámara Baja del miércoles sus diputadas Rocío Casco y Karina Rodríguez no atinaron a hablar de la situación que pone en jaque la independencia de la justicia.
El senador Miguel López Perito tampoco mencionó el tema durante la sesión ordinaria de ayer.
En la acusación a Soares se menciona la mala rendición de viáticos cuando estuvo en España en noviembre de 2008, el pago a la distribuidora Pojoapy que aparentemente no existió y la compra supuestamente sobrefacturada de alimentos.