Sin embargo, las obras están paradas desde hace 15 meses, por abandono de la contratista, y los principales responsables del plan del Gobierno anterior, liderado por el ex ministro Ramón Jiménez Gaona y el ex coordinador del plan, ingeniero José Tomás Rivarola, siguen impunes.
Asimismo, la administración del ministro Arnoldo Wiens todavía no logró rescindir el contrato con Mota Engil hasta la fecha, e incluso seguía pagando montos millonarios a la empresa por “obras realizadas” hasta el 31 de octubre del año pasado.
Lo único que decidió el actual Gobierno, a más de un año de paralizar el proyecto, es rechazar el reclamo de los USD 18 millones más que pretendía cobrar la contratista. Recordemos que Mota quería embolsarse con ese monto, porque responsabilizó al Estado por los atrasos en la liberación de la franja de dominio.
En este momento, lo más probable es que la rescisión del contrato se resuelva en un arbitraje internacional, como está estipulado en la cláusula de “solución de controversias”.
Es importante mencionar que la firma portuguesa ya percibió USD 30,2 millones del monto del contrato, pero no terminó ni la mitad de las obras, lo que significa que ya cobró casi el 60% del monto del contrato original de USD 54 millones. El costo del plan también se infló en su momento hasta llegar a USD 70,3 millones.
Vale señalar que en este momento las infraestructuras que fueron construidas sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, en Fernando de la Mora y San Lorenzo, ya comienzan a deteriorarse, lo que evidencia la mala calidad de las obras, según se pudo corroborar en un recorrido por la zona de obras. Asimismo, las malezas y la basura se apoderan de los bloques de cemento en medio de la avenida, que en teoría debían ser las paradas.
SE TUVIERON VARIOS ADMINISTRADORES. Desde el inicio, el gobierno de Cartes y la administración del ex ministro Jiménez Gaona pusieron a varios hombres de confianza que administraron el proyecto, de los cuales se puede mencionar a Juan Manuel Cano, Ángel María Recalde, Santiago de Filippi, Hugo Miranda y, por último, a Guillermo Alcaraz. Este último fue puesto como coordinador del proyecto cuando el plan ya no se sostenía y los atrasos eran evidentes.
Ninguno de los mencionados fueron investigados hasta ahora por las autoridades competentes, pese a que es bastante llamativo que durante el Gobierno anterior la empresa no recibió ninguna sanción, como las multas, a pesar de que los atrasos eran evidentes.
Mota Engil no terminó ni la mitad de las obras y en su último comunicado resaltó la emisión de 24 certificados de obras que corresponden a la ejecución de 3,8 km de obras 100% terminadas (pavimento rígido, pavimento flexible, red de desagüe pluvial, red de alcantarillado, etc.). Sin embargo, debía terminar casi 12 km de los tramos 2 y 3.
Floja auditoría no reveló daños
El MOPC dio a conocer en agosto del año pasado los resultados de una auditoría que realizó al proyecto Metrobús, cuyos resultados confirmaron las desprolijidades con las que se implementó el fracasado plan.
Sin embargo, el escrito elaborado por el economista Sixto Morínigo no cuantificó los daños patrimoniales causados al Estado por los malos manejos de la administración anterior, ni tampoco se identificó a los principales responsables del fallido proyecto.
En ese momento, el titular de la cartera, Arnoldo Wiens, remitió el inerte informe a la Secretaría Anticorrupción (Senac), a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Contraloría General de la República (CGR) y al Congreso Nacional en fecha 2 de agosto. Llamativamente, tras el pacto abdocartista de ese entonces, no se remitió el escrito al Ministerio Público para una investigación más exhaustiva. El informe destacó que la principal desprolijidad se vincula con la franja de dominio, cuya falta de liberación antes del inicio de los trabajos representó el principal obstáculo para avanzar, según el cronograma establecido. Además se recomendó la contratación de una consultora para el cierre del contrato con Mota Engil.
Fiscalía lleva dos años investigando
El Ministerio Público sigue cajoneando desde hace casi dos años la denuncia presentada contra el ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y la ex viceministra de Finanzas de dicha cartera, Marta Benítez, por el supuesto delito de lesión de confianza, debido a las irregularidades observadas en el proyecto del Metrobús.
Esta denuncia fue presentada por el ingeniero Hermann Pankow en mayo del 2018 y fue ampliada en setiembre del mismo año, donde también se involucró al ex viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y al ex representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Eduardo Almeida.
También están denunciados otros ex funcionarios de la institución, que son el ex jefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, por presunto enriquecimiento ilícito, y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.
Por otro lado, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis también presentó otra denuncia ante la Fiscalía contra el ex ministro de Obras Públicas de la era Cartes, Ramón Jiménez Gaona, por la estafa del Metrobús. El senador presentó esta demanda hace un año, pero tampoco hubo avances.
Sitibús, alternativa para el centro
La consultora argentina Peesa, contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el diseño del sistema integrado de transporte interurbano (Sitibús), sigue sin concluir el proyecto ejecutivo de este nuevo plan que remplazará al fallido Metrobús, por lo que las obras todavía no pueden iniciarse.
Por lo pronto, esta alternativa se ejecutará solo en el tramo céntrico de Asunción (tramo 1) y no se sabe cuándo iniciarían las intervenciones en los tramos 2 y 3.
Para que comiencen los trabajos en el centro de la Capital, el MOPC deberá firmar una adenda con la contratista de este trayecto, para modificar el plan original que ya no se ejecutará.
Recordemos que el consorcio integrado por la paraguaya DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA fue adjudicado durante el gobierno anterior para ejecutar las obras del fallido plan en el microcentro, pero ahora se encargará de ejecutar el Sitibús por USD 24 millones, monto que corresponde a la adjudicación original, y que no registrará incrementos, según informaron en su momento desde el MOPC.
Vale señalar que DC-Stiler ya había cobrado un anticipo de USD 3 millones durante la administración anterior, pero las obras nunca se iniciaron.