El fiscal Luis Piñánez presentó su teoría del caso. Señaló que los acusados Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González percibían un salario de la Cámara de Diputados, pero en realidad trabajaban en las casas del legislador.
Las defensas, por su parte, negaron los hechos y señalaron las desprolijidades que, a su entender, tenía la acusación del representante del Ministerio Público.
Después, los procesados señalaron que aún no querían prestar declaración, por lo que como no había peritos ni testigos citados aún en el juicio, se alteró el orden de las pruebas y directamente pasaron a las pruebas documentales.
Así, se exhibieron resoluciones de la Cámara de Diputados, los contratos de los procesados, así como las planillas de asistencia, ya que eran funcionarios que estaban bajo la modalidad de contratados.
En total, el juicio que empezó al mediodía continuó hasta cerca de las 16:30 horas, con lo que prácticamente agotaron la documentación del primer tomo de las pruebas.
Más adelante deberán exhibirse los informes técnicos, entre ellos, el cruce de llamadas, con lo que la Fiscalía quiere probar que los contratados no se encontraban trabajando en la sede de la Cámara de Diputados.
Los magistrados Carlos Hermosilla, Héctor Fabián Escobar y Wilfrido Peralta finalmente decretaron el receso diario. El juzgamiento seguirá el próximo martes 4 de agosto al mediodía.
En el caso, con relación al diputado Tomás Rivas, ahora se destrabó la causa, por lo que el juez de Garantías, Raúl Florentín, finalmente podrá citarlo parra la audiencia preliminar.
En el caso, la Fiscalía tenía la intención de juzgar a todos los acusados en forma conjunta, pero por las trabas del legislador finalmente se decidió dividir la causa. La investigación se inició a raíz de las publicaciones de ÚH.
