Este adagio, en el que se basa principalmente la conocida ley de Murphy y que evidencia un pensamiento o actitud sobre todo pesimista, bien puede explicar lo que está sucediendo con el proyecto que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022.
El documento, que estipula cuánto ingresará, cuánto se endeudará y cuánto gastará el Estado paraguayo el año que viene, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada. La Cámara Baja, básicamente, dio luz verde al dictamen que emitió la Comisión Bicameral de Presupuesto a fines de octubre tras el término de las sesiones informativas y deliberativas, lo que en términos globales significa un plan de USD 13.842 millones, un déficit fiscal del 3% del PIB, una autorización de más de USD 1.600 millones para endeudamiento, una recaudación de USD 3.960 millones y un presupuesto de más de USD 3.000 millones para obras, salud y educación.
Ese dictamen modificó sustancialmente el PGN 2022 que remitió el Ejecutivo, pero en vez de mejorar sus falencias, las empeoró. Es así que, en un ya abultado plantel y en medio de un gasto salarial que se lleva el 75% de todos los impuestos que cobra el Fisco, el proyecto con media sanción terminó inflando el gasto en salarios en USD 25 millones, creó 1.359 cargos y aprobó reajustes salariales y aumentos de bonificaciones, entre el dictamen de la Bicameral y lo agregado por Diputados.
Como si fuera que ya no estamos en el pozo y aplazados desde hace décadas en todo lo que tenga que ver con la educación, los legisladores no tuvieron mejor idea que recortar USD 17 millones al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y asignar esos recursos, mediante una hábil maniobra en la que intentaron embarrar al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a la creación de un fondo de contingencia. Esta especie de “colchón”, si bien también tuvo en cuenta gastos en sectores como los hospitales, las universidades y comedores comunitarios, entre otros, fue la herramienta que permitió financiar los mayores gastos en sueldos y cargos que se explicaron en el párrafo anterior.
Pero eso no es todo. Además de quitar recursos al FEEI que iban a ser destinados a becas y a programas de primera infancia, dentro de ese fondo de contingencia los parlamentarios se autoaumentaron USD 2 millones para salarios y le dieron USD 3 millones más al TSJE para aportes a los partidos políticos. En un año en el que se vienen elecciones internas partidarias, Diputados aprobó también un articulado en el que autorizan al Parlamento contratar a nuevos funcionarios sin la necesidad de un concurso público y sin la autorización del Equipo Económico. Es decir, van a tener USD 2 millones más para gastar en sueldos, y para meter a operadores no necesitan concursos ni la venia financiera del Tesoro Nacional. Una burla no solo para las demás instituciones que se rigen por las leyes, sino que además es una ofensa para los contribuyentes, los que deben soportar a sus espaldas el Presupuesto Público pagando sus impuestos o las tasas que imponen las entidades descentralizadas.
El Ministerio de Hacienda ya se pronunció en contra de esta media sanción y adelantó que hará lobby ante la Cámara de Senadores para tratar de revertir estos cambios. Según la cartera, además de las señales preocupantes que se dieron con los salarios y las excepciones, el PGN 2022 incluye USD 35 millones que no tienen fondos y que fueron cubiertos inflando la estimación de ingresos, otra práctica que no tiene sustento y que pone en riesgo a unas finanzas públicas bastante apretadas por la pandemia.
El PGN 2022 está ahora en manos del Senado. La Cámara Alta tiene el deber y la responsabilidad de devolver el plan de gastos hacia la senda de la cordura fiscal. Un Presupuesto como el que salió de Diputados solamente ampliará las desigualdades y empeorará la calidad de vida.
