Según explicaron representantes tanto de la Seprelad como de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP), se decidió finalmente ajustar el artículo 33 de la norma antilavado, eliminando el criterio de “operación única” que estaba incluido. Asimismo, se estableció un parámetro para la aplicación de los trámites de debida diligencia simplificados sobre un periodo de 12 meses continuos, siempre que no se superen los 50 salarios mínimos (aproximadamente G. 110 millones o USD 16.000) en dicho lapso, ni la cantidad de 25 transacciones en un solo trimestre.
“Al elevar el parámetro y extender el plazo de corte de periodicidad (a 12 meses), los sujetos obligados tendrían un mayor periodo de adaptación y realización de ajustes internos para aplicar adecuadamente la norma, lo cual facilitaría la optimización de recursos que deban estar direccionados de manera permanente al análisis de operaciones en el marco de los procesos de debida diligencia”, resalta un comunicado que publicó la Seprelad.
VIGENTE. La modificación se oficializó por medio de las resoluciones 74 y 75, que fueron emitidas ayer por parte de la Seprelad. La primera modifica la polémica normativa 248, que rige en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las casas de cambio; mientras que la segunda afecta a las entidades supervisadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) que realizan operaciones de cambio de divisas. Diego Marcet, asesor jurídico de la Seprelad, expresó su satisfacción con el acuerdo logrado y resaltó que con esto se avanza en la implementación de las nuevas prácticas antilavado dispuestas para el segmento.
La Resolución 248 generó crispación dentro del mercado cambiario minorista y los efectos negativos de la misma formaron parte de los argumentos de la firma Cambios Chaco para proceder al cierre de una veintena de locales, decisión que fue comunicada hace aproximadamente un mes a las autoridades del BCP. José Cantero, titular de la banca matriz, había manifestado en su momento que este tipo de determinaciones sobre las sucursales son “autónomas” de las entidades privadas y que las mismas pueden deberse al apetito de riesgo o vincularse a la planificación del modelo de negocios de cada empresa.
