Arriola remarcó que la Policía no sostiene que todos los participantes en las protestas sean integrantes de esa agrupación, pero dijo que desea “que sepa la población, que tiene todo el derecho a protestar pacíficamente, que al costado ya no queda duda de que hay integrantes de Sendero Luminoso”.
El último reducto de Sendero Luminoso, coaligado con el narcotráfico, pervive en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
El jefe policial informó en Lima sobre la detención de dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo (Fredepa) de Ayacucho, que fueron arrestados el jueves en ese localidad del sur del país y, según las fuerzas de seguridad, están vinculados al grupo subversivo.
Los detenidos fueron la presidenta del Fredepa, Rocío Leandro Melgar, junto con la vicepresidenta Stefany Alanya Chumbes, y el secretario de esa organización, Alejandro Manay Pillaca.
La Fiscalía de Perú investiga los violentos sucesos que llevaron a que el 15 y 16 de diciembre se presentaran saqueos y se quemen las oficinas del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados y otras oficinas estatales en la ciudad de Ayacucho.
Al confirmar estas detenciones, el Ministerio del Interior (Mininter) aseguró que Rocío Leandro Melgar fue parte “de la organización terrorista Sendero Luminoso y fue detenida e internada en penales por participar en atentados en las décadas de los 80 y 90".
Arriola agregó que la “camarada Cusi”, como es conocida, es una excarcelada “convicta y confesa por el delito de terrorismo” y era “el tercer miembro” de Sendero en Ayacucho, mientras que acusó a Alanya de ser “el mando militar”.
“Estas personas son integrantes del comité regional principal de Ayacucho, de Sendero”, especificó antes de indicar que la PNP ha podido “corroborar y comprobar” que coordinaron otras acciones en las protestas en las regiones de Puno, Andahuaylas y Cusco.
TELÉFONOS DEcOmISADOS. El jefe policial también informó que se han decomisado siete teléfonos “con información vital” y que se tienen “evidencias incuestionables” que se revelarán “para la salud de la democracia, la libertad y la paz en el país”.
Perú afronta una ola de protestas antigubernamentales que hasta el momento ha dejado 42 muertos, 531 heridos y 329 personas detenidas, según un reporte del Ministerio Público.
La Defensoría del Pueblo detalla que 41 manifestantes murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, además de un policía, mientras que agrega que otras siete personas perdieron la vida “por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo” de vías. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.
42
muertos, 531 heridos y 329 personas detenidas es el saldo de las protestas contra la presidenta Dilma Boluarte.