Querey aguarda los 11 informes que deben presentar diferentes entes estatales tras el paquete de pedidos que aprobó la Cámara de Senadores la semana pasada para determinar en su investigación si se cometió algún hecho ilícito en el envío de granos por parte de Vicentin Paraguay e identificar a los eventuales responsables, sean institucionales, jurídicas y personales.
El caso se originó en Argentina, donde la sede central se declaró en default con una deuda de más de USD 1.350 millones, pero el senador se hizo eco de las acusaciones que apuntan a que en realidad la firma estaría ocultando activos a través de sus filiales y que además pudo haber ingresado soja argentina y hacerse pasar por paraguaya para evitar los impuestos a la exportación de granos que rigen en el vecino país.
“En primer lugar este tema que está catalogado un poco como contrabando o triangulación, lo segundo es la preocupación de la complicidad de instituciones públicas que pudiera haber en esto, porque si se producen aquí documentos, serían documentos de contenido falso y hasta el año pasado existía la devolución del IVA y si hubo devolución del IVA en estas condiciones, se trataría de una estafa al Estado paraguayo y si hubo dinero no legal, indudablemente es un delito precedente para el tema del lavado de activos”, expresó.
Los informes deben entregarse en el plazo de 15 días.