Entre otros puntos, el proyecto señala que las personas que han ocupado cargos públicos no podrán, por el periodo de dos años, trabajar en una empresa del sector privado con la que mantuvo una vinculación directa o participó en contrataciones.
La ley también establece la declaración jurada de intereses de cada funcionario, incluyendo a sus familiares, para evitar un posible conflicto. Si no se presenta la declaración o se falsean datos, deberá pagar multa y será castigado con la prohibición de ocupar un cargo público por 10 años.
Del mismo modo, la propuesta presentada por el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, incluye la prohibición de nepotismo, es decir, ninguna autoridad pública podrá contratar directamente a un familiar.
Asimismo, se prevé el tratamiento del proyecto de ley “Que establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la República”, presentado por los senadores Fidel Zavala, Georgia Arrúa y Stephan Rasmussen.
Asimismo, tratarán el proyecto de resolución “Por el cual se solicita informe a la Contraloría General”.
