La oposición, con la suma de tres colorados, logró 30 votos para levantar el veto del Ejecutivo a la ley que incluye los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá al PGN (Presupuesto General de la Nación).
La última palabra la tendrán los diputados, ya que, dependiendo de lo que decidan, se podría archivar o definitivamente ser implementada.
Los colorados abdistas, cartistas y samanieguistas a duras penas tuvieron 11 votos a favor de la aceptación del veto.
Hagamos, Patria Querida, PLRA, Frente Guasu y PDP se unieron para defender la ley, y se sumaron Enrique Bacchetta, Enrique Riera y Sergio Godoy para levantar la objeción.
Otros colorados como Juan Afara, Silvio Ovelar y Derlis Osorio y el liberal Juan Bartolomé Ramírez prefirieron ausentarse a la hora de votar.
EL DEBATE. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Esperanza Martínez, expuso los argumentos a favor de la ratificación de la ley, en medio de una sesión extraordinaria.
En resumen, sostuvo que era necesario terminar con la visión paternalista del Estado, que utiliza los recursos de las binacionales para destinarlos a fines electorales.
“Tenemos que salir de este modelo patrimonialista del Estado, donde la gente toma el dinero público y se lo mete en el bolsillo, o que lo usa para regalar a su correligionario”, manifestó la senadora.
Carlos Filizzola trajo a colación que desde hace años que se viene insistiendo en la inclusión de los gastos sociales de las binacionales en el PGN, y que solamente ocurrió durante el gobierno del actual senador Fernando Lugo.
Negó que sea inconstitucional como argumenta el Ejecutivo. “El artículo 137 de la Constitución Nacional establece que por encima de convenios, tratados, acuerdos está la Constitución Nacional. Esto nos faculta a incluir estos recursos que pertenecen a Paraguay para rendir cuentas a través del PGN, tal como lo hacen otras instituciones”, sostuvo el legislador.
Indicó que forma parte de un reclamo ciudadano, y que se debe transparentar el gasto del dinero público que pertenece al Paraguay.
Hugo Richer cuestionó a los representantes del Gobierno que plantean la modificación de las notas reversales y que se necesita un acuerdo del Congreso, pero que no hayan hecho nada al respecto.
Su evaluación fue que al final al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no le interesa esa posibilidad.
Considera que los gastos sociales de las entidades binacionales se usan como parte de un botín con mucha discrecionalidad y fuera de las políticas públicas.
Jorge Querey remarcó que las binacionales no son un Estado aparte, sino parte de dos Estados, por lo que los beneficios deben ser orientados a ambos países.
PULSEADA COLORADA. Mientras el cartista Juan Darío Monges hizo su discurso en apoyo al veto del Ejecutivo, el ex líder de bancada del abdismo Enrique Bacchetta optó por levantar la objeción.
Monges mencionó que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional la ley, que buscaba implementar mecanismos propios para el control de documentos de información vinculada en el manejo administrativo de los entes binacionales.
Recordó que Itaipú ratificó que los gastos sociales no podrán pasar por el Congreso, alegando que el Tratado lo impide, y que tampoco se garantiza la transparencia.
“Lo importante es que con esta ley que fue vetada se va a evitar la discrecionalidad en las binacionales”, sostuvo Bacchetta, y alegó que los gastos sociales tienen que pasar por el Parlamento Nacional.
