Los senadores, en mayoría finalmente, aprobaron remitir a la Fiscalía la documentación sobre la investigación a Darío Messer, a quien el ex presidente Horacio Cartes calificó como “hermano del alma”.
Fue el senador del Frente Guasu, Jorge Querey quien hizo la propuesta, alegando que se tienen que deslindar las responsabilidades del caso.
El mismo integró una comisión que había investigado al empresario en torno a lavado de dinero y sus nexos.
La misma estuvo presidida por el colorado Rodolfo Friedmann, quien al no tener acompañamiento de sus colegas, remitió por cuenta propia la conclusión de la investigación a la Fiscalía.
Querey trajo a colación que hay autoridades que siguen ocupando cargos en el actual Gobierno y que manejan información privilegiada.
Cuestionó que, a pesar de la orden de captura internacional a Messer de hace más de un año, ni siquiera hubo procedimientos ni se tenían nombres ni direcciones, ni siquiera datos de sus propiedades.
A su criterio, resulta muy llamativo, y trajo a colación que está pendiente el tratamiento de los proyectos anti lavado en el Congreso, y también la calificación de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
Señaló que dentro del debate sobre la reforma del Código Penal, se está tratando la formalización, cuando que su finalidad es el castigo.
Hizo énfasis en que hay un desconocimiento de los contenidos, y una peligrosa interrelación entre actores públicos y privados.
en detalle. En la conclusión del informe sobre Messer, se especifican nexos entre autoridades, así como entes.
Se habla de situaciones que configurarían hechos punibles de lavado de dinero en grado de complicidad, asociación ilícita para delinquir, falsificación, producción de documento público de contenido falso, obstrucción a la investigación, y además, enriquecimiento ilícito.
Se sugiere también la investigación de varias personas en las que aparece el propio Cartes, quien se negó a concurrir ante la comisión, a pesar de una orden judicial.
En la lista también aparecen ex directivos del Banco Nacional de Fomento, así como el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña.
Este colocó bonos del Estado por medio de Casa Bolsa Puente, siendo su padre, parte activa de la empresa privada.
También figura el ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) Oscar Boidanich, sobre quien pesa la sospecha de ocultamiento y adulteración de informes internos de la institución.
Además, aparece la ex jueza María Griselda Caballero. En total son 17 personas.
