Este polémico proyecto está dividiendo las aguas entre el empresariado nacional y los de frontera, sobre todo en el aspecto referente a las exoneraciones tributarias a las mercaderías ingresadas y que estarán sujetas al Régimen de Turismo de Reexportación.
El pedido inicial realizado por la Comisión de Hacienda al plenario fue que el estudio sea postergado sine die, hasta tanto se logre algún tipo de consenso entre las partes involucradas y el Poder Ejecutivo para tratar de acercar los puntos discordantes y elaborar un proyecto común, pero durante la sesión de ayer el senador colorado Juan Darío Monges, presidente de la mencionada comisión, decidió peticionar que la postergación se extienda solo por un mes. El proyecto de ley presentado por Arrúa propone “otorgar una solución definitiva a la dependencia de Paraguay de las asimetrías de aranceles establecidas a nivel del Mercosur, condiciones que podrán cambiar en cualquier momento, en particular en 2023, ya que en diciembre del 2022 vencen los acuerdos arancelarios del bloque”.
Uno de los artículos del proyecto que más cuestionan los empresarios de tierra adentro es el tercero, que indica que en las ciudades fronterizas, cabeceras departamentales, existirán locales de ventas fiscalizados habilitados para los fines expuestos en este régimen, los que actuarán como depósitos aduaneros comerciales para venta al turismo y donde deberán ingresar las mercaderías a ser comercializadas.
Agrega que “las mercaderías no podrán tener otro destino que no sea su comercialización a distribuidores habilitados y/o personas no residentes en el país. No podrán coexistir actividades amparadas en el presente régimen con otras ajenas al mismo”, a lo que los empresarios alegan que es de cumplimiento imposible y que alentará el contrabando interno.
desacuerdo. ”Todos los gremios que aglutinan a empresas formales del país están en contra del proyecto de Ley del Régimen de Turismo”, aseguró Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu). “En realidad, estamos en contra del proyecto no solo nosotros, sino todos los gremios del país que aglutinan a las empresas formales. Este proyecto de ley establece privilegios para unas pocas empresas en detrimento de la gran masa que comercializa internamente los productos”, justificó Sborovsky.
Agregó que el proyecto de Arrúa lo único que logrará es profundizar en un modelo de triangulación. “Es preocupante porque tenemos que pelear solos contra un país en negro que nos está desbordando con la economía informal de casi 50%. Es otra amenaza. Exigimos que los legisladores hagan políticas públicas para cuidar a los contribuyentes que están pagando las jeringas de los hospitales y los sueldos de maestros”, espetó.
A pedido del titular de la Comisión de Hacienda, Juan Darío Monges, el plenario decidió volver a aplazar por un mes el tratamiento del polémico proyecto de ley sobre el régimen de frontera.
