El planteamiento ideado por el Ministerio de Hacienda pide la aprobación legislativa para el desembolso de un crédito por valor de USD 240 millones, proveniente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), parte del Grupo Banco Mundial.
De ese total, el proyecto establece que el 99% será utilizado para amortizar el capital de los primeros bonos soberanos emitidos en 2013 y parte de la reapertura hecha en 2015. El saldo restante, de alrededor de USD 1,8 millones, se reservará para próximos vencimientos.
Hacienda alega que las condiciones actuales de elevadas tasas en el mercado de bonos, producto de continuas alzas en las políticas monetarias mundiales para contener la inflación, empujan a los países a recurrir a empréstitos para abaratar la cancelación del pasivo pendiente, desistiendo así del canje anticipado, donde se cambia un bono a vencer por un nuevo bono.
Además, argumenta que como el vencimiento de estos títulos es en los primeros días del año que viene, ya no se van a poder utilizar los fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, debido a que esos recursos se liberan completamente recién en los primeros días de febrero.
Baja presión. Pese a la rápida aprobación del proyecto de ley, senadores como Fulgencio Rodríguez y Pedro Santacruz cuestionaron que nuevamente se tenga que recurrir al bicicleteo de la deuda para el rescate de bonos.
Señalaron que lo ideal sería que se haga un “sinceramiento de la recaudación”, no subiendo impuestos, sino combatiendo la informalidad, entre otras estrategias.
Pidieron a Hacienda un mayor esfuerzo para que la presión fiscal vaya alineándose a lo registrado por otros países de la región.
Cámara Alta aprobó legislación que autoriza la toma de un nuevo crédito de USD 240 millones para recuperar los títulos soberanos emitidos en 2013 y 2015. Hubo críticas a baja presión fiscal.
Acuerdo con FMI para reformas
Un equipo de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Paraguay llegaron a un acuerdo a nivel técnico sobre el conjunto de políticas macroeconómicas y reformas estructurales que respaldarán el Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI), según informó ayer en un comunicado el organismo multilateral.
El PCI, según el convenio preliminar arribado entre el Gobierno y el FMI a inicios de setiembre, se articula bajo tres pilares principales: garantizar la estabilidad macroeconómica y la resiliencia, mejorar la productividad y fomentar el crecimiento, y mejorar la protección e inclusión social.
El equipo del FMI estuvo encabezado por el jefe de división adjunto y jefe de misión para Paraguay, Mauricio Villafuerte, quien sostuvo discusiones durante las últimas semanas con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero.
Este instrumento ya fue utilizado en otros países asociados al organismo y no consiste en una ayuda económica, sino más bien se trata de una asistencia técnica para el cumplimiento de objetivos, en este caso, de la agenda de reformas.
El FMI no tiene previsto sanciones como parte del PCI.