Este es el cuarto aplazamiento que aprueba la Cámara Alta en los últimos dos meses, aunque en esta ocasión, es por un periodo de 90 días, tal como habían acordado el martes pasado autoridades del Ministerio de Hacienda, Educación, legisladores y gremios de docentes y jubilados.
Si bien el proyectista Martín Arévalo y el bloque cartista insistieron en el estudio del documento en la sesión de la víspera, asegurando que la actualización es un derecho constitucional, la mayoría votó por la posposición ante las advertencias que hizo el Fisco. También gremios de la producción, la industria y el comercio habían pedido el rechazo.
En ese sentido, los senadores Blanca Ovelar y Stephan Rasmussen subrayaron que el documento es poco claro en cuanto al alcance y el financiamiento, lo que antes que mejorar las jubilaciones de los funcionarios retirados, terminaría por agotar las reservas de la Caja Fiscal y ya no se podría garantizar el pago del 100% de los haberes.
Rasmussen recordó incluso que el costo solamente de la equiparación es de USD 277 millones por año, pero las reservas actuales llegan a los USD 429 millones.
La senadora Ovelar agregó que, con esta postergación, trabajarán en una mesa técnica con funcionarios del Ministerio de Hacienda y los gremios de funcionarios y jubilados, con la idea de presentar una redacción alternativa en consenso, con el propósito de garantizar mejores condiciones para los beneficiarios de la Caja Fiscal, y al mismo tiempo, que esas condiciones sean financiables.
IGUALAR. El proyecto de ley en cuestión prevé básicamente que las personas en situación de retiro ganen el mismo salario que los empleados estatales en actividad.
La propuesta original hablaba de que esto se financiaría con los intereses de las inversiones que realiza la Caja Fiscal anualmente, así como con recursos que provienen del cobro de tasas o ingresos internos. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda del Senado se produjo un dictamen con modificaciones, lo que para el Gobierno Nacional se convertirá en “una catástrofe financiera”.
Dicho comité asesor aprobó algunos cambios solicitados por el proyectista. Estos consisten en la incorporación de dos artículos que, por un lado, obligan al Estado a contribuir con el 9,5% de los salarios como aporte patronal; y por el otro, limita al 50% el uso de los excedentes para cubrir los déficits del sector civil.
Los cálculos del Fisco señalan que el agujero que deberá cubrir el Estado con impuestos, por año, podría llegar a los USD 482 millones si prospera esta ley.
La Caja Fiscal cobró intereses
Un total de G. 6.282 millones (USD 910.847) percibió la Caja Fiscal en intereses por la compra de bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), según informó ayer el Ministerio de Hacienda.
Estos fondos fueron colocados a una tasa de interés del 6,3% a 4 años de plazo.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda recordó que la previsional pública percibió ya la suma de G. 748.152 millones (USD 108 millones), en concepto de intereses generados por las inversiones que ha realizado desde el 2013 hasta la fecha.