El Senado presentará una nueva acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los fiscales Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán por mal desempeño en sus funciones en el marco de la investigación del homicidio de Marcelo Pecci.
La proyectista Desirée Masi hizo un relato pormenorizado de las requisas que se realizaron el mismo día del crimen en celdas de la Agrupación Especializada.
Remarcó que el objetivo fue buscar algún nexo entre personas privadas de su libertad con el asesinato del fiscal, y que incautaron varios aparatos celulares.
“Seis meses después, con el contrato de prestación de servicios entre el hijo del presidente de la Corte e Hijazi, aparecen una serie de interrogantes: ¿Dónde están los celulares?”, manifestó.
“El 17 de noviembre pasado, el fiscal Lorenzo Lezcano entregó los celulares a Marcos Alcaraz, por instrucciones de la fiscala general Sandra Quiñónez. Fue desmentido por ambos. Se armó un revuelo. Le entregaron a un gobierno extranjero. ¿Dónde están los celulares seis meses después”, increpó la senadora.
“Colombia resolvió en 10 días. Paraguay 7 meses después sigue analizando gua’u”, ironizó la legisladora.
“Esta es la oportunidad que tiene el Senado de asumir una posición”, sostuvo el oficialista Enrique Bacchetta, quien anunció que se abstendría, ya que es miembro del Jurado.
“De tomar una decisión, estamos convencidos de que los hechos son veraces, sin siquiera escuchar a fiscales”, objetó el cartista Sergio Godoy.
“Me parece muy duro que todo un cuerpo colegiado haga una acusación, sobre todo a un grupo de fiscales. Tengo muy buenas referencias de algunos”, señaló Enrique Riera, también del cartismo.
A su criterio, también se tendría que investigar al ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, y a la titular de la Senad, Zully Rolón.
“Los mismos fiscales, cuya actuación se está poniendo en duda, van a tener la oportunidad de aclarar las cosas”, remarcó Georgia Arrúa, de Patria Querida, a favor de la acusación ante el Jurado.
“La conducta de los agentes se subsume como mal desempeño. Los intervinientes han omitido realizar actos de investigación, extracción de datos y peritaje de los aparatos incautados para tener conocimiento sobre los instigadores, autores intelectuales, colaterales, habiendo transcurrido siete meses”, sentenció Masi, en su intervención.
“Omisión de llevar adelante la desgrabación, análisis del contenido y eventual acusación. Hay contradicciones en las declaraciones, incluso de la propia fiscala general del Estado”, concluyó.
