Por otro lado, sobre quienes solicitan no marcar asistencia, Vázquez afirmó que es Llano quien autoriza a sus colegas para que cuenten con funcionarios que no lo hagan, pero aclaró que cada legislador puede tener un máximo de dos personas que no registren su asistencia y el parlamentario se hace responsable de estas. Así 90 personas podrán librarse de marcar su entrada y salida.
La directora jurídica explicó que estos casos están reservados “generalmente” a los choferes que se movilizan con cada senador o senadora, y/o el asistente personal, pero el requisito es presentar un informe de la tarea cada mes.
“Esa modalidad ya estaba con el presidente saliente, el senador Ovelar, y continuó con el senador Llano. Son dos, pero con autorización de cada senador”, reiteró.
Igualmente, Vázquez agregó que la conclusión que tienen cuando un funcionario falta a las oficinas es porque no realiza una tarea específica y nadie está necesitando de esa persona. “Si un director necesita de ese funcionario evidentemente va a reclamar. Sin embargo, no existe ningún reclamo de los directores de área donde están faltando estas personas”, insistió.
sanción. Vázquez también señaló que la Asesoría Jurídica recomienda el inicio del sumario a los funcionarios que faltan, y detalló que existen empleados públicos que tienen 90 días de ausencia, lo que representa directamente “abandono de cargo”, por lo que esos cargos quedan vacantes de inmediato. Al mismo tiempo, aseguró que no se contratarán nuevos funcionarios para esos lugares.
Vázquez había ingresado a la Cámara Alta en el periodo anterior, cuando Llano había sido designado por primera vez titular del Senado, junto con otros funcionarios.
Esta vez, la nueva directora jurídica asumió el cargo en medio de una serie de sumarios administrativos. Hace días se había dado a conocer una lista de cinco funcionarios que fueron destituidos de la Cámara Alta y además quedaron inhabilitados para ocupar un cargo en la función pública, algunos por dos años y otros por cinco años.
Sobre los casos nuevos todavía no se sabe qué sucederá, aunque desde la Dirección Jurídica se indicó que siguen su curso. Entre los propios funcionarios hay molestias por los que no asisten a sus lugares de trabajo, pero tampoco se puede hacer mucho porque tendrían protección política. Como una manera de controlar, se apunta a la implementación de los molinetes biométricos en las entradas al edificio, pero hasta ahora no se implementaron.