Indicó que la Contraloría hasta el momento no remitió la documentación al Congreso por falta de personal y capacidad logística.
“Hablando de hipótesis, si se comprobase, lógico que se tienen que realizar los cambios correspondientes y asumir las responsabilidades respectivas”, comentó el liberal.
“Sé que el ministro (Eduardo) Petta estuvo haciendo aclaraciones. No sé si se olvidó o si se vendió”, refirió en torno a las propiedades que no figuran en su declaración.
Remarcó que la Contraloría tiene pendiente el envío de la documentación sobre las declaraciones juradas al Congreso, y que si no lo hacen se exponen a juicio político, pero nadie planteó aún el tema.
Por su parte, el senador de Hagamos, Gilberto Apuril, sostuvo que el que quiere ser funcionario público debe cumplir con la ley y declarar sus bienes. Alegó que ahora la situación queda en manos de la Fiscalía.