El fiscal general de EEUU, el demócrata Merrick Garland, pidió al juez que la orden de registro y el inventario de lo requisado en la redada que el FBI hizo el pasado lunes en la residencia de Trump en Mar-a-Lago (Florida) dejaran de estar bajo secreto de sumario, algo a lo que el ex mandatario accedió y la orden se publicó.
INVESTIGACIÓN. En ella se indica que a Trump se le investiga por la posible comisión de tres crímenes: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitarle para ocupar cargos políticos.
Por su parte, el inventario muestra que entre la documentación requisada figuran veintiséis cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de “alto secreto” o “confidencial”. Entre ellas aparece un documento bajo el título “presidente de Francia” y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump, así como numerosos documentos confidenciales sin descripción.
La orden aprobada por el juez de Palm Beach Bruce Reindhart fue firmada el 5 de agosto, tres días antes de la redada, y daba al FBI de plazo hasta el 19 de este mes para efectuar el registro.
En la red social Truth, Trump se defendió al asegurar que “en primer lugar, todo estaba desclasificado. En segundo, no necesitaban ‘incautarse’ de nada. Lo podrían haber conseguido en cualquier momento, sin hacer política ni entrar en Mar-a-Lago. Todo estaba en un almacén seguro. (...) Lo único que tendrían que haber hecho era preguntar”. EFE
