Entre los agentes que no obtuvieron el ascenso aparece Hugo Florentín Stiglich, quien en el 2013 estuvo involucrado en un secuestro exprés ocurrido en Ciudad del Este. Rubén Darío Jacquet Benítez estaba con su esposa, una empleada y su hijo de 2 años, cuando fue abordado por los policías a cargo del mencionado comisario.
La víctima fue llevada a la sede de Antinarcóticos y tuvo que pagar USD 6.000 para recuperar su libertad. Luego de cinco días solicitaron el allanamiento de la vivienda de Jacquet, supuestamente en busca de estupefacientes. Dos días después el hombre fue hallado muerto de varios disparos.
La fiscala Zunilda Ocampos lo imputó por privación ilegítima de libertad y extorsión. Luego fue beneficiado con criterio de oportunidad.
TORTURA. El otro ascenso postergado fue el de Osvaldo Vera, quien en el 2000 formó parte del equipo del ministro del Interior Walter Bower y el comisario Merardo Palacios, que habrían torturado a sus camaradas Alfredo Cáceres y Jorge López en el Comando de la Infantería de Marina, por un supuesto intento de golpe de Estado.
DESAPARICIÓN DE FUSILES. El comisario Óscar Cuevas Belotto —otro de los postergados— estuvo salpicado por dos casos sonados de robos de armas, uno del 2011, cuando se recomendó su baja por la desaparición de tres fusiles M-4, tres pistolas Bersa 9 mm, más de tres mil proyectiles, 10 radios de frecuencia policial, 5 cascos balísticos y 2 visores nocturnos de la Agrupación de la Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada (FOPE), donde era subjefe.
En agosto del 2014, de nuevo se detectó la desaparición de dos fusiles M4, cargadores, un visor nocturno y un radio de la unidad táctica de Kurusu de Hierro, donde de nuevo Cuevas Belotto era el jefe.
EXTORSIÓN, ROBO Y ACOSO. Otro de los agentes que ameritan mencionar por sus antecedentes es Bernardo Ojeda Arrúa. En el 2009 fue salpicado por el presunto robo de dos ametralladoras antiaéreas cuando se desempeñaba como jefe de Antinarcóticos de Ciudad del Este.
En el 2010, cuando se desempeñaba como subjefe del 911 de Alto Paraná, fue imputado por coacción grave, cohecho pasivo y privación ilegítima de libertad. Fue por su presunta participación en el secuestro exprés de un empresario que tiene la franquicia de Western Union, al que pidieron USD 50.000 para liberarlo.
Y el último escándalo en el que estuvo involucrado es del 2014, cuando era jefe de la Comisaría de Itakyry; una suboficial denunció que fue víctima de acoso y coacción sexual por parte del subjefe, el oficial Juan González Rojas. Supuestamente se trató de ocultar, y recién cinco días después se comunicó oficialmente el caso. Además de estos cuatro, 11 polémicos agentes no ascendieron.