Las manifestaciones han dejado más de 500 heridos y 20 fallecidos, varios tras choques con militares en el marco del estado de emergencia nacional.
Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la ex vicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales inmediatas.
Pero este viernes, el Parlamento rechazó una propuesta de Boluarte para adelantar elecciones del 2026 al 2023.
La iniciativa hubiera permitido el llamado a elecciones en diciembre de 2023 y la entrega del mando de Boluarte en abril de 2024. Esta decisión hace peligrar su permanencia en el poder.
“Lo que va a venir es la renuncia de Dina Boluarte, y dar paso a una transición democrática”, precisó la parlamentaria izquierdista Ruth Luque.
“Por la cantidad de peruanos muertos, la señora Boluarte debería renunciar”, dijo la legisladora de centro Susel Paredes.
Ante una renuncia de Boluarte, la ley dispone que el sucesor sea el presidente del Congreso, José Williams. Si él desiste, el cargo recae en la presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, quien debe convocar a elecciones.
El cierre de vías y aeropuertos interrumpió el traslado de turistas en la ciudad andina del Cusco, la capital turística del país, temprano el viernes.
“Se tiene 5.000 turistas varados en la ciudad del Cusco, están en sus hoteles a la espera de que se puedan reactivar los vuelos”, dijo a la AFP Darwin Baca, alcalde del vecino distrito de Machu Picchu.
El aeropuerto internacional de Cusco estuvo cerrado desde el lunes tras un intento de toma por parte de los manifestantes. Sin embargo, este viernes, el ministerio de Defensa anunció su reapertura.
“Estamos esperando a que nos metan en un vuelo humanitario para poder llegar a Lima y salir a Argentina para ver a la familia de mi mujer”, dijo un turista español al canal local N.
Imágenes oficiales muestran a viajeros abordando una aeronave, bajo resguardo militar.
Mientras tanto, desde la ciudadela inca de Machu Picchu, unos 200 turistas, principalmente norteamericanos y europeos, salieron caminando por la vía férrea hasta la localidad de Ollantaytambo, a unos 30 km, para poder hacer una conexión hacia Cusco.
Por esa vía transita el tren de turistas, cuyo servicio está suspendido.
Las manifestaciones estallaron luego de que Castillo, un maestro rural de izquierda y de origen humilde, intentó dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.
18 meses preso. Fue detenido en “flagrancia” cuando intentaba llegar a la Embajada de México para asilarse. La justicia decidió el jueves que permanecerá preso 18 meses, hasta junio de 2024, para ser investigado por rebelión.
Contra Castillo también existe una inédita denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
Las protestas han sido más intensas en el sur andino del Perú, una región golpeada por la pobreza y con demandas sociales postergadas.
El jueves un intento de toma del aeropuerto de Ayacucho (sur) fue contenido por el Ejército. “En Ayacucho tenemos ocho fallecidos en la jornada de manifestaciones y enfrentamientos con el ejército”, dijo la defensora del Pueblo, Eliana Revollar. El número de muertos desde que iniciaron las protestas el 7 de diciembre ascendió a 20, dijo el viernes la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Entre ellos hay al menos dos menores de edad. Según la Defensoría del Pueblo también se cuentan 518 heridos, entre ellos 250 civiles y 268 policías.
Dos ministros renuncian
Los ministros peruanos de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, renunciaron este viernes a sus cargos seis días después de asumirlos por la “desproporcionada” respuesta a las manifestaciones antigubernamentales en las que han fallecido 20 personas, 12 de ellas en las últimas 24 horas. “La muerte de connacionales no tiene justificación alguna”, escribió Correa en Twitter. Pérez envió otra misiva difundida en medios locales en la que lamenta la pérdida de vidas y anuncia su salida del Gobierno.