Camilo Benítez Aldana cumple su segundo año como titular del máximo órgano del control y con las limitaciones de la institución superó ampliamente a las administraciones anteriores en cuanto a la cantidad de irregularidades detectadas y denuncias realizadas al Ministerio Público, instancia donde termina la labor de esta institución y comienza el trabajo de la Justicia. En los próximos meses, dará que hablar con la digitalización de rendiciones de cuentas que pondrá a prueba a los municipios y gobernaciones ante la ciudadanía.
–¿Cuál fue el mayor desafío en estos dos años?
–Cuando asumimos vimos que las mayores denuncias estaban relacionadas al mal uso del dinero que proviene de la ley del Fonacide. Muchísimas denuncias hay desde la promulgación de la ley que otorga recursos a los municipios y las gobernaciones. Nuestro sistema de control tenía muchas limitaciones. La Contraloría no puede abarcar todo el país, los 250 municipios y 17 gobernaciones todos los años porque no tenemos la infraestructura, los recursos humanos, la tecnología para hacer auditoría permanentemente.
La institución está centralizada en Asunción. No tenemos oficinas en el interior y eso dificultó mucho el trabajo.
Por ese motivo estamos concretando la informatización de las rendiciones de cuentas
Esta rendición de cuentas es requisito para que los municipios reciban sus desembolsos y actualmente deben venir hasta Asunción a presentar sus informes de una manera precaria, pese a que estamos en la era digital que nos permite ahorrar tiempo, abarcar más y sobre todo transparentar el ejercicio de la función pública. Esto se podría decir que es nuestro caballito de batalla.
–¿Cómo se estará aplicando esta innovación?
–Con un formulario digitalizado que obligará al funcionario administrativo a tener ya cierta documentación de respaldo al momento de presentar sus rendiciones de cuentas. Esa rendición va a ser alzada al portal de la Contraloría para que la gente pueda tener acceso a los documentos que respalda.
Como no tenemos la capacidad en nuestro presupuesto para asumir el gasto, recurrimos a Itaipú, porque el dinero de los Royalties y Fonacide, proviene de las binacionales, y quien mejor que ellos para que inviertan en el sistema del control del uso de ese dinero. Empezamos los cursos con 20 municipalidades y en mayo vamos a hacer una prueba con la siguiente rendición. La idea es abarcar el 100% de los municipios y gobernaciones en septiembre.
–En los últimos meses, la Contraloría detectó decenas de irregularidades que en la Justicia no tienen la reacción que la ciudadanía muchas veces espera. ¿Esta situación le genera cierta desazón?
–Cada institución debe hacer lo que le corresponde. Desde la Contraloría hemos aumentado la cantidad de denuncias a 70, lo cual es un número muy superior a los años anteriores. El perjuicio patrimonial denunciado fue de más de G. 400.000 millones, siendo que el promedio del perjuicio patrimonial históricamente denunciado anteriormente llegaba a G.15.000 millones.
El trabajo que hicieron los auditores el año pasado y se sigue haciendo es muy bueno porque rompimos las estadísticas que teníamos en ese sentido. Nuestro trabajo termina con un informe final.
Anteriormente se hacían 10 denuncias por año y nosotros hicimos 7 veces más.
–La Contraloría también está a cargo de los gastos realizados en el marco de emergencia del Covid-19. ¿Qué otros avances hay en cuanto a las investigaciones en ese sentido?
–Actualmente, estamos haciendo una auditoría en el Ministerio de Salud. Se auditó la compra de medicamentos atracurio y midazolam, cuyo informe saldrá en los próximos días.
También estamos trabajando y revisando todo lo que envuelva a la compra de vacunas, la aplicación en general.
Desde que empezó la pandemia del Covid-19 tenemos una auditoría abierta y hemos detectado y señalado numerosas irregularidades en su momento como ser la compra fallida de insumos chinos, tapabocas. vencidos, entre otros. Todo lo vinculado a corrupción con respecto a las compras Covid, se conoce gracias al trabajo de la Contraloría.
La ley de emergencia ayudó a que se rindan cuentas ante la Contraloría sobre todo lo relacionado a los gastos realizados con el empréstito de USD 1600 millones. La Contraloría realizó una plataforma solamente para ello y cualquier persona puede acceder a ella.
–Si bien, hay muchas limitaciones como Ud. ya citó, la Contraloría tiene un rol crucial en este momento.
–Necesitamos invertir más en la Contraloría, pero por la situación actual no podemos pedir aumento de presupuesto. Con las limitaciones, no paramos un solo día, ni cuando hubo pandemia obligatoria.
Mediante eso, le hicimos ahorrar al Estado y pongo como ejemplo la compra de los insumos chinos, ya que mediante la investigación de la Contraloría, se pudo conocer la irregularidad, y el Estado recuperó el dinero.
Todos los hechos investigados que terminaron en denuncia en el Ministerio Público, fue porque la Contraloría inició la investigación y sacó a luz las irregularidades
–En este momento, ¿la institución que requiere de mayor control es el Ministerio de Salud?
–Por la situación de pandemia, sí. Específicamente porque se va a dotar de más recursos a Salud y cada vez más dinero se destina por lo que obviamente hay que reforzar los controles pero no hay que descuidar áreas sensibles como el sector de Educación.
–¿Puede afirmar que la corrupción sigue siendo el mal endémico del Paraguay?
–Eso es categórico. En Paraguay como en todos los países latinoamericanos, se tiene la tendencia a cometer actos inmorales en la administración pública.
Si los sistemas de control no funcionan entonces la corrupción seguirá en aumento.
Este trabajo y la tarea de transparentar la función pública, debe ser el norte a seguir en todos los niveles.
La gente se cuida más de cometer actos de corrupción cuando está siendo controlada. Sin los controles, seguirá habiendo corrupción y despilfarros. Es una tarea titánica pero hay que seguir.
La corrupción es un mal endémico del Paraguay. Eso es categórico. Paraguay como todos los países latinoamericanos, tiene tendencia a cometer actos inmorales en la administración pública.
