Según el fallo, se comprobó “la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero” donde “se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita” entre 2010 y 2013.
Pero el tribunal de Alzada determinó, en un fallo dividido, que la obra pública no fue el delito precedente para el lavado de dinero.
Por otra parte, el tribunal confirmó la imposición de multas por 328,8 millones de dólares y el decomiso de activos por 65 millones de dólares a los condenados y a las empresas Austral Construcciones y Top Air, de Báez.
En diciembre pasado, Cristina Fernández, actual vicepresidenta, fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en otra causa por irregularidades en la concesión de obras viales a Báez. EFE