AFP
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Altos funcionarios del Gobierno argentino mantuvieron airadas discusiones con directivos de Clarín durante la reunión anual de directorio del mayor grupo de medios, donde el Estado tiene acciones, en el marco de una dura disputa que incluso se dirime en los tribunales.
“Durante toda la reunión (el jueves), los funcionarios atacaron verbalmente a los accionistas y directivos de la compañía” y, al mismo tiempo, “procuraron, durante toda la tarde, boicotear el normal desarrollo de la asamblea”, denunció este viernes en un comunicado Clarín, crítico de la presidenta Cristina Fernández.
El Estado cuenta con alrededor del 9% del paquete accionario de Clarín, al que accedió tras la estatización del sistema de las jubilaciones privadas en 2008, un sector en el que el grupo tenía participación.
A la reunión del directorio de Clarín acudieron el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, ambos de gran influencia en el Gobierno, así como el síndico general de la Nación, Daniel Resposo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.
DESCONOCIMIENTO. “Clarín está para ganar plata y no para confrontar en la arena política, porque con este balance anual que entregaron está peligrando el patrimonio y ponen en riesgo los puestos de trabajo de 17.000 personas”, dijo Moreno tras la reunión, en declaraciones a la agencia oficial Télam. Según el funcionario, “de las 99 empresas que tiene el grupo, solo una es superavitaria, Cablevisión (televisión por cable)”.
Clarín señaló de su lado que la frase de Moreno de que el grupo debe aumentar sus ganancias “revela como pocas veces el desconocimiento del kirchnerismo acerca del rol de los medios de comunicación en la democracia, que muchas veces deben resignar rentabilidad para cumplir su misión con independencia del Gobierno”.
El mayor grupo multimedios de Argentina y uno de los principales de América Latina dijo que esa posición del Gobierno constituye “una burla, porque son las propias decisiones del Gobierno kirch- nerista las que buscan ahogar a los medios no adictos” y citó algunas medidas que el grupo consideró perjudiciales.
El Gobierno y Clarín mantienen una prolongada disputa en la Justicia por la aplicación de una cláusula antimonopólica de la ley de medios aprobada en 2009, que obligaría al grupo mediático a hacer una fuerte desinversión.
En ese marco, el Gobierno impuso su mayoría en el Congreso y logró esta semana la aprobación de una ley que limita a seis meses (prorrogables por otros seis) la duración de las medidas cautelares (prevención de un derecho), a las que se acogió Clarín hace tres años contra la cláusula de desinversión.
Tras atravesar varias instancias judiciales, la última de ellas favorable a Clarín, el conflicto se dirimirá en la Corte Suprema de Justicia.
El grupo Clarín, que es dueño del diario de mayor circulación en Argentina, canales de aire y de cable, radios y redes de TV por cable, tuvo un volumen de negocios de 9.753 millones de pesos (unos 1.875 millones de dólares) en 2011, última cifra conocida, según su página web.
PRESUNTO CASO LAVADO PASA AL LADO URUGUAYO
Las denuncias en Argentina por presunto lavado de dinero contra empresarios vinculados al fallecido ex presidente argentino Néstor Kirchner y su esposa, la actual presidenta, Cristina Fernández, se extendieron ayer a Uruguay, donde las autoridades defienden que el país tiene un fuerte marco jurídico contra ese delito.
Los diputados argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña presentaron en un Juzgado de Montevideo una denuncia en la que solicitan que se investigue a 12 empresas -de las cuales dos uruguayas y el resto panameñas o beliceñas con sucursales en Montevideo- y a 16 ciudadanos argentinos, entre los cuales el ministro de Planificación federal argentino, Julio De Vido.
“Acompañamos la denuncia con información vinculada a las sociedades y también con una presentación que hicimos la semana pasada ante los juzgados argentinos”, dijo a periodistas Garrido, que presentó el escrito en el Juzgado de Crimen Organizado, junto a Ocaña.
Ocaña y Garrido explican en el escrito que su denuncia parte del programa televisivo “Periodismo para todos”, conducido por el periodista Jorge Lanata.