Los gobernadores de São Paulo y Río de Janeiro, dos de las grandes metrópolis de Brasil, siguen los pasos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en materia de seguridad pública y amenazan con mano de hierro a la delincuencia de un país acechado por la violencia.
Con un lenguaje directo y alejado de lo políticamente correcto, João Doria, mandatario de São Paulo, y Wilson Witzel, el juez que gobierna en Río de Janeiro desde enero, han prometido no dar tregua a los bandidos durante su gestión. “Si el bandido reacciona no va a la comisaría o a la prisión. Va al cementerio”, ha reiterado Doria, un rico empresario y ex alcalde de la capital paulista.
Doria, novato en la política, endureció su tono y dio un paso más a la derecha en las filas del Partido Social de la Democracia Brasileña, al cual se afilió hace pocos años para pelear por la alcaldía de la mayor ciudad de Brasil. “La Policía va a disparar para matar”, dijo durante la campaña electoral, en un discurso similar al empleado por el gobernador de Río, quien también pretende combatir con firmeza la escalada de la violencia que asfixia el estado más emblemático del país.
La guerra entre grupos criminales rivales y grupos parapoliciales y la violencia policial sumieron a Río en una grave crisis de seguridad pública que tan solo en 2017 dejó 6.731 muertos, según datos del Instituto de Seguridad Pública. Para combatir la delincuencia, el ex juez federal, del Partido Social Cristiano, defiende que los francotiradores de élite de la Policía maten a criminales que porten fusiles en las favelas de la región o en centros comerciales de áreas nobles de la capital fluminense. “Si hay un bandido con fusil en el Shopping Leblon no tengan duda, será abatido de forma inmediata. Y en la favela no podemos permitir que eso continúe y tengamos a los habitantes de aquella región arrinconados, sufriendo con personas con fusil, con un arma de guerra a su lado”, dijo Witzel a los pocos días de asumir el cargo.
La propuesta fue rápidamente condenada por diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch.