Santos lanzó la iniciativa, denominada “Estrategia 20-15", en la presentación del libro “La restitución de tierras en Colombia: del sueño a la realidad”, que analiza los avances de la norma que el Ejecutivo puso en marcha en 2011 para devolver terrenos usurpados a sus legítimos dueños.
La Ley de Restitución de Tierras busca, entre otras cosas, la devolución de unos ocho millones de hectáreas que fueron arrebatadas a millones de personas en los 50 años que dura ya el conflicto armado en el país.
Sin embargo, los resultados de su aplicación han sido cuestionados por instituciones independientes y por la ONG Amnistía Internacional (AI) que en noviembre emitió un duro informe en el que concluyó que la ley es defectuosa y que se aplica con mucha lentitud.
Además, sostuvieron que el Gobierno colombiano no garantiza la seguridad a quienes, con sentencias a su favor, regresan a territorios que siguen ocupados por quienes se las arrebataron, fundamentalmente paramilitares u otros campesinos amparados por actores armados.
En este sentido, AI señaló que a agosto de 2014 la Fiscalía había investigado al menos 35 asesinatos relacionados con el proceso de restitución.
“Somos los primeros en reconocer que el proceso de restitución puede mejorar, y estamos siempre abiertos a escuchar ideas y a recibir críticas constructivas”, declaró hoy el mandatario al hacer un balance del proceso, que calificó de “positivo”.
Según datos del Gobierno, en los últimos cuatro años se han registrado más de 70.000 solicitudes de devolución, de las cuales más de 26.000 están en trámite ante la Unidad de Restitución de Tierras, la entidad gubernamental encargada de la titánica tarea, que se desarrolla mientras continúa el conflicto interno.
Desde 2011 se han resuelto unos 2.000 casos y se han devuelto cerca de 100.000 hectáreas, algo que el Ejecutivo espera acelerar en 2015 con la “Estrategia 20-15".
El plan consiste en “evacuar este año la totalidad de las solicitudes de restitución que existen en ocho regiones del país y que son competencia de la Unidad (de Restitución)”, es decir, resolver el trámite administrativo de 24.000 solicitudes para que éstas sean transferidas a los jueces.
“Son casi el 35 por ciento del total de reclamaciones que se han recibido”, destacó el presidente, que prometió que a finales de este año los procesos administrativos que dependen del Gobierno llegarán “a feliz término” en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre, Cundinamarca, Santander, Caldas y Quindío.
Asimismo, llamó a los tribunales de restitución a que “avancen de manera más ágil” en sus procesos.
