Se trata de la ley “que modifica los artículos 266 y 271 de la Ley N° 834/1996, que establece el Código Electoral Paraguayo, y sus modificatorias y el artículo 39 de la ley N° 3966/2010, Orgánica Municipal (de iniciativa popular)”, que ingresó a través de la Cámara de Senadores.
Existen tres maneras de presentar un proyecto de ley: A través de un diputado o senador, a través del Poder Ejecutivo y, la tercera, a través de la iniciativa popular. Esta última forma es la más complicada, ya que se requiere de miles de firmas ciudadanas y todas deben ser manuscritas.
Por ese motivo, nunca tuvo éxito desde hace 30 años, cuando fue creada la Constitución Nacional, en 1992, que contemplaba la iniciativa popular. Este hecho motivó a la presentación de este primer proyecto que, principalmente, establece que estas firmas puedan ser digitales, facilitando el proceso. La normativa fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Los diputados celebraron en la sesión extraordinaria de ayer el trabajo liderado por el ex ministro de Educación y docente universitario Robert Cano, quien junto con estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y de universidades privadas recolectaron más de 80.000 firmas desde el 2017. Es decir, el proceso llevó cinco años.
“Hoy se incorpora algo importante, que esa recopilación de firmas pueda ser de forma digital”, apuntó la cartista Rocío Abed.
La diputada del PEN, Kattya González, criticó al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), por tener un sistema engorroso que dificulte el trabajo.
Cano explicó que la ley aplica tres cambios, primero, que no se no se elimina la firma manuscrita, sino se agrega la opción de la firma digital; segundo, se propone un mecanismo de control para que el ciudadano pueda verificar en una página web si forma parte de una iniciativa popular y puede retirar su adhesión; tercero, con esta ley los ciudadanos podrán presentar proyectos de ordenanzas municipales. “El 55% de los electores son jóvenes menores de 40 años, por eso es necesario adaptar los mecanismos a la tecnología y a los nuevos electores”, indicó Cano.
El liberal Eusebio Alvarenga manifestó que con frecuencia, diputados hacen lobby para que sus intereses sean impulsados desde las leyes, por lo que celebró que con este proyecto el “pueblo tendrá intervención”.
Para presentar una iniciativa ciudadana, se necesita de las firmas del 1% de los electores inscriptos en el Registro Cívico Permanente, según la última modificación del Código Electoral realizada este año, ya que anteriormente era del 2%. Otro cambio fue la eliminación de la exigencia de que cada una de las firmas sean certificadas por escribanía.
La ciudadanía puede legislar mediante este instrumento democrático. En 30 años, es la primera vez.
Rocío Abed,
diputada de la ANR.
La gran barrera de una iniciativa popular está en juntar la cantidad de firmas tan exageradamente grandes.
Robert Cano,
proyectista.
Es una herramienta innovadora y muy cercana a la ciudadanía. Un legado para la República.
Norma Camacho,
diputada del PEN.
