Si bien la propuesta tiene origen en el Senado, en la Cámara Baja recibió diversas modificaciones, entre las más importantes, la exclusión de las entidades binacionales en los recortes y topes salariales, bajo el argumento de que tanto Itaipú como Yacyretá están regidos por tratados internacionales y no pueden ser sujetos de cambio por una ley. Igualmente, se eliminaron las limitaciones a los viajes de funcionarios y autoridades,
Tampoco se recortaron los presupuestos sobre publicidad estatal y en lo referente al tope de salario, ya que el texto determina que ningún funcionario en los tres poderes del Estado podrá recibir remuneración superior al presidente de la República, se excluyó a los que cumplen función en el extranjero.
Los diputados opositores como Kattya González, Édgar Acosta y Sebastián Villarejo defendieron la versión del Senado, pero la mayoría colorada y una parte de las bancadas liberales lograron la ratificación.
El colorado Derlis Maidana, en nombre de Honor Colorado, manifestó su apoyo a la propuesta de la Cámara Baja calificando al proyecto del Senado como populista, en tanto que la cartista Rocío Abed aseguró que es inconstitucional y negó que el ahorro del Estado sea alto.
El presentismo es una figura que fue agregada en Diputados como prohibición y también se limitó el uso de cupos de combustible solo a tareas derivadas del cargo.
Niegan dependencia de tratados
El diputado liberal Sergio Rojas se pronunció a favor de la versión del Senado argumentando que es necesario desmentir que no se puede regular al personal administrativo de las binacionales. Dijo que se trata de una falacia porque los consejos de administración tienen facultades de optimizar los gastos.
En el mismo sentido, el liberal Carlos Silva dijo que los recortes de privilegios tienen que ser lineales y que las binacionales pertenecen al patrimonio del Estado y están sujetos a las mismas políticas administrativas.
Señaló que los gastos que son recortados deben ser direccionados a la solución de problemas estructurales del Estado.
Estas exposiciones se basaron principalmente en los salarios superiores a G. 37 millones, remuneración del presidente de la República.