La decisión fue tomada por unanimidad, según el presidente de la Comisión, el diputado colorado Derlis Maidana, debido a que se tuvo en cuenta que se trata de “un delito de acción penal privada, sin intervención de la Fiscalía”. Además, aclaró que no irrumpe el espíritu de la Constitución Nacional en cuanto a los fueros, que protege al parlamentario de “ataques políticos”, motivo por el cual se aconseja el desafuero.
“Consideramos que esto es un tema entre la denunciante y el colega y que sea la Justicia la que determine su reprochabilidad o no”, expresó Maidana.
Samaniego afronta una causa por difamación y calumnia, encarada por la ciudadana Sara Raquel Prieto Ozuna, quien denunció que fue agredida por el legislador durante un incidente en el estadio Defensores del Chaco, en abril pasado, en un partido de fútbol, donde la mujer prestaba servicios en el área de recepción de hinchas. Por esto, se pidió su desafuero, pero el diputado apeló el pedido e impidió que sea tratado en comisiones, hasta ayer.
Por su parte, el abogado del parlamentario de Paraguarí, Carlos Villamayor, dijo que la apelación había sido presentada contra el pedido de desafuero porque no tenían conocimiento de los términos de la querella, ni si fue aceptada la acusación por parte del Juzgado.
Villamayor aseguró que el juez Elio Rubén Ovelar obró de forma irregular.
“Ignoró la apelación (al volver a pedir el desafuero), no nos entrega la copia, tiene el expediente en su despacho, a través de una queja por retardo de justicia para que se nos dé intervención, aparte que el juez es esposo de Marlene González (fiscal que investigó a Samaniego en la primera etapa de otra causa)”, manifestó.
El abogado pidió que se respete el debido proceso y que se pida la copia íntegra del expediente al juez para verificar que el pedido de desafuero, según sostuvo, no está firme.
Otra investigación. Samaniego también es sujeto investigado, aunque no imputado, de otra causa por corrupción municipal, pero es protegido en la Cámara de Diputados y favorecido por la lentitud de la Justicia, que mantiene el caso en el cajón, cuando se cumplen dos años, este mes, de la denuncia.
Concejales de Quyquyhó denunciaron por lesión de confianza a Samaniego, quien fue intendente por desde el 2010 hasta el 2017. Acusaron que dejó un faltante de G. 10.000 millones.