Los abogados defensores del padre José Antonio Rubio y Sócrates Garcete pretenden que el ingeniero Jorge Marín Postigo y tres arquitectas sean los que tengan que dar cuenta de la construcción de 9 pozos y la supuesta sobrefacturación. Las arquitectas procesadas son Mirna Beatriz Ayala Ledesma, Rocío Concepción Mendoza Ismael y Elisa Vera Benítez. Todos están sospechados de la sobrefacturación en el pago de pozos artesianos que fueron llevados a cabo mediante donación de la Unión Europea.
La pérdida es estimada en G. 3.432.988.421. Esto, porque los 9 pozos costaron solo 277 millones de guaraníes, pero se pagó la suma de G. 3.709.988.421, según la querella adhesiva.
La construcción de los nueve sistemas de abastecimiento de agua debería haber beneficiado a familias carenciadas en los departamentos Central, Misiones y San Pedro.
Según la querella, Rubio y Garcete, directores del Proyecto Ysakã, establecieron un plan piloto que consistía en la construcción de los 9 sistemas de abastecimiento de agua potable. Posteriormente, hubo un llamado a licitación, y las tres arquitectas, hoy acusadas, fueron adjudicadas, por lo que se les entregó el dinero.
La Unión Europea dice que Rubio y Garcete son los primeros responsables, por haber sido codirectores del Proyecto citado, y Marín Postigo era el responsable de la fiscalización de las obras.
Los pozos fueron construidos, pero no por las arquitectas, sino por otra persona, en evidente contraposición a lo establecido en el proyecto, según afirmó el abogado Claudio Bacchetta, quien representa a la Unión Europea.
DESVINCULACIÓN. El ingeniero Marín Postigo ha quedado desvinculado, en dos instancias, del primer proceso que se le formó por lesión de confianza, concerniente a un desvío de 14 mil millones de guaraníes del proyecto Ysakã. No obstante, la querella recurrió a la Corte Suprema de Justicia, donde se debe decidir sobre la suerte del profesional de la construcción.
La querella adhesiva señaló que esperan con expectativa la decisión de la máxima instancia judicial. “Marín Postigo tiene muchas cosas que decir sobre lo investigado”, según el abogado Claudio Bacchetta, que representa a la Unión Europea.